El pasado sábado, Izquierda Unida participó activamente en la manifestación celebrada en Granada en defensa del derecho a una vivienda digna y en contra de la especulación inmobiliaria, una problemática que, según denunció la organización, está afectando gravemente a los granadinos y granadinas. 

Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de IU, subrayó durante la movilización que la situación en la ciudad y en la provincia es insostenible. “Desde Izquierda Unida y desde las calles de Granada, queremos poner de manifiesto que el Gobierno de Andalucía está permitiendo que se expulse a familias y comercios de nuestros barrios. En el Albaicín, por ejemplo, hemos pasado de 14.000 habitantes hace una década a apenas 7.000 actualmente. Es urgente que la Junta actúe para frenar esta situación”, declaró. 

En este sentido, Pérez destacó que el Gobierno andaluz tiene la responsabilidad de implementar la Ley de Vivienda estatal para regular los alquileres, introducir una tasa turística que revierta en la población afectada por la turistificación y limitar los pisos turísticos. “Es necesaria una moratoria y una regulación que frene esta deriva, además de medidas decididas para impulsar un parque público de viviendas y declarar zonas tensionadas tanto en Granada y el área metropolitana como en la costa granadina”, señaló. 

El Gobierno central, por su parte, también ha anunciado recientemente su intención de ampliar el parque público de vivienda. Aunque Izquierda Unida considera positiva la medida, insiste en la necesidad de que estas acciones sean más que simples declaraciones de intenciones. Desde la formación advierten que “el drama de la vivienda es demasiado importante para medias tintas. Exigimos que el Ministerio de Vivienda sea contundente.” Además, ven imprescindible ir más allá: limitar los precios de los alquileres, aumentar la carga impositiva a los pisos turísticos y tomar medidas firmes contra la especulación. “De poco sirve ampliar el parque público si no se garantiza que no acabe en manos de rentistas y especuladores”. 

En este contexto, Izquierda Unida ha denunciado también la situación de la SAREB en Granada, donde la entidad acumula 192 propiedades en la capital. “Es inadmisible que estas viviendas permanezcan fuera del alcance de quienes más lo necesitan. Esto debe evitarse, y esas propiedades deben gravarse con impuestos que desincentiven su acaparamiento”, concluyeron desde la formación. 

Izquierda Unida refuerza aún más su compromiso con la lucha por el derecho a la vivienda, apoyando a las movilizaciones sociales que han surgido en este aspecto y tendiéndoles la mano para exigir a las administraciones una acción política decidida frente a una crisis que amenaza con desarraigar a gran parte de la población.