La formación política llevará al Pleno de la Diputación una moción en la que demanda al Gobierno andaluz que facilite el acceso a la vivienda a jóvenes y a personas en riesgo de exclusión.

Izquierda Unida llevará al Pleno de la Diputación de Cádiz de la próxima semana la grave situación de acceso a la vivienda de la población gaditana y, de manera especial, del colectivo de jóvenes y de personas en riesgo de exclusión. El diputado provincial de Izquierda Unida, Ramón Galán, alerta del “aumento importante del número de personas con dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, multiplicándose las demandas de vivienda social en nuestra provincia, especialmente, entre personas en riesgo de exclusión y jóvenes” en la provincia de Cádiz.

Ante esta situación, Galán defenderá en el próximo pleno una moción en la que propone a la institución que inste a la Junta de Andalucía a llevar a cabo “las medidas necesarias para facilitar el acceso a la vivienda para personas jóvenes y personas en riesgo de exclusión; además de la creación de un parque público de viviendas y un programa de primera vivienda”.

Recuerda el diputado de Izquierda Unida que el derecho a la vivienda está recogido en las principales normas internaciones, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europeo o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros. Sin embargo, denuncia que este derecho no se está garantizando desde las administraciones. Además, alude al hecho de que España es “uno de los países de la Unión Europea con mayores problemas de acceso a la vivienda; la edad de emancipación de los jóvenes es una de las más altas de la Unión Europea (30,3 años), y en nuestro país, sólo un 15,9% de los jóvenes logra emanciparse, la mitad de la tasa de emancipación europea (31,9%), según un estudio realizado por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de en 2023”.

Hace referencia el diputado provincial a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, Por el Derecho a la Vivienda, como “la primera ley estatal reguladora del derecho a la vivienda desde la aprobación de la Constitución”, que incluye entre sus disposiciones, la posibilidad de aplicar un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente o la regulación de Zonas Tensionadas.