Reclamará a ambas administraciones un modelo económico para la Dependencia “suficiente, estable, previsible, actualizable y sostenible en el tiempo”

Izquierda Unida llevará al Pleno de octubre de la Diputación de Cádiz una moción en defensa de un modelo económico para la Atención a la Dependencia que sea “suficiente, estable, previsible, actualizable y sostenible en el tiempo”, a la vez que garantice el derecho a prestaciones dignas que tienen las usuarias y usuarios potenciales de este servicio.

“La financiación no puede ir siempre por detrás de los costes. Los salarios y las cotizaciones evolucionan, las jornadas laborales deben reducirse y aumentan las exigencias de calidad”, apunta en la proposición registrada el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán. El portavoz de IU Cádiz en la Diputación defiende cuestiones como que, “no podemos pedir mejores cuidados sin atender las condiciones de quienes los prestan”, que “el código postal no puede determinar la calidad del empleo” y “la capacidad económica de cada municipio no puede terminar generando profesionales de primera y de segunda”, así como que “financiar adecuadamente la dependencia significa garantizar derechos; significa cuidar a las personas y reconocer a quienes hacen posible los apoyos cada día”.

De esta manera, Izquierda Unida pide al Pleno provincial que inste al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a establecer “una senda plurianual de financiación que permita planificar los servicios y evite depender de incrementos coyunturales o tardíos”.

Asimismo, pide al Gobierno andaluz, de manera específica, que cree una Mesa de la Discapacidad en Andalucía, integrada en el marco estable de interlocución y negociación colectiva impulsado por la Junta de Andalucía, con participación de las organizaciones sindicales y empresariales representativas del sector. Según recoge la proposición, “este espacio deberá permitir abordar de forma específica la realidad de los servicios de atención a personas con discapacidad, analizar la evolución de los costes laborales y asistenciales, favorecer el desarrollo de mejoras en los convenios colectivos y garantizar que dichas mejoras cuenten con una financiación pública suficiente, estable y acorde con las necesidades reales del sector”.

De igual forma, la moción insta a la Junta de Andalucía a “calcular y revisar la financiación, atendiendo al coste efectivo de residencias, centros de día, recursos para personas con discapacidad y Servicio de Ayuda a Domicilio, respetando las singularidades de cada servicio”, así como a garantizar que “el incremento de la aportación estatal se traduzca en capacidad autonómica real para actualizar los mecanismos de financiación de los servicios y que el esfuerzo autonómico se mantenga” y que “la financiación permita contar con los perfiles profesionales, las categorías y las cualificaciones adecuados a los apoyos que deben prestarse”.

Finalmente, la moción reclama, tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España la creación de “un mecanismo estable de seguimiento con objetivos verificables de financiación, cobertura, calidad asistencial, empleo y sostenibilidad”.