Exige que se atiendan las demandas de asociaciones de familias, sindicatos y expertos y se dote a los centros públicos andaluces de PTIS suficientes para atender al alumnado NEAE, se garanticen contratos estables y con continuidad y se revise el modelo de externalización actual

Reclama al Gobierno central que establezca ratios estatales fijas y una dotación mínima de PTIS acorde a las necesidades reales del alumnado NEAE

Izquierda Unida defenderá este miércoles en el Pleno de octubre de la Diputación de Cádiz una moción en defensa de un mayor avance hacia la educación inclusiva, así como en favor de los derechos laborales del Personal Técnico de Integración Social (PTIS).

Así, el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, defiende que lograr una educación realmente inclusiva, “es decir, un modelo que garantice el derecho de todos los niños y niñas a aprender juntos, sin importar sus capacidades, origen, género o situación social”, solo es posible con “una disminución de la ratio en las aulas, un aumento del personal especialista de apoyo o una mejor formación del profesorado para atender al conjunto del alumnado”. En este sentido, considera que los PTIS son “pieza clave” en este objetivo de inclusión real.

El portavoz de IU Cádiz en la Diputación denuncia en la moción la escasez de este personal especializado en la práctica totalidad de centros públicos de la provincia, lo que viene motivando protestas de familias y comunidad educativa. Asimismo, hace especial hincapié en la “situación de precariedad laboral que sufre una parte fundamental del personal técnico de integración social, los trabajadores y trabajadoras externalizados, con condiciones laborales indignas, fruto de un modelo de externalización que solo genera desigualdad y explotación”.

Concretamente, alude Izquierda Unida a la “inestabilidad crónica” que sufren alrededor de 2.000 trabajadoras y trabajadores, con “jornadas parciales impuestas, recortes cada septiembre y desempleo en verano; todo ello configura una discriminación evidente respecto al resto de profesionales de los centros educativos públicos, que sí cuentan con estabilidad y continuidad”.

Por todas estas razones, Izquierda Unida insta a la Junta de Andalucía a atender la demanda de las asociaciones de familias, sindicatos y expertos, y dotar a los centros educativos públicos andaluces del suficiente personal de apoyo al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE); a llevar a cabo contratos estables y de continuidad durante todo el año; que en el marco de sus competencias regulatorias, exijan a las empresas adjudicatarias contratos estables y de continuidad, “poniendo fin a los abusos que se vienen produciendo y la precariedad e inseguridad laboral que generan entre el colectivo PTIS”.

De igual forma, reclama al Gobierno andaluz que lleve a cabo una revisión urgente del modelo de externalización, “que solo ha servido para precarizar y discriminar a trabajadoras y trabajadores que realizan funciones equiparables”. Y, finalmente, insta al Gobierno de España a establecer “ratios estatales fijas y una dotación mínima de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) basada estrictamente en las necesidades reales del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), ayudando así a terminar con la precariedad del sector y acabar con la disparidad de criterios entre comunidades autónomas”.