La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga ha solicitado la comparecencia del delegado de Derechos Sociales, Francisco Pomares, ante la Comisión Informativa Especial del Covid-19, que tendrá lugar el próximo martes 5 de mayo, para que “rinda cuentas sobre la gestión en material social durante la actual crisis, dé explicaciones de las numerosas quejas ciudadanas en relación a la garantía de acceso a productos básicos de alimentación e higiene, explique a qué se van a destinar los casi dos millones de euros del Fondo Social Extraordinario transferido por el Gobierno de España y responda a las propuestas de Adelante para desplegar un Plan de Emergencia Social en Málaga”.

El concejal portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla, recuerda que desde Adelante “propusimos en los primeros días del estado de alarma un Plan de Emergencia Social que integraba medidas concretas orientadas a garantizar de forma integral las principales necesidades de las familias malagueñas a consecuencia de la crisis del coronavirus, como la garantía alimentaria y los suministros básicos, la atención social, la vivienda o una renta de emergencia. También hemos solicitado la tramitación urgente de ayudas económicas de emergencia para atender las necesidades sociales y de vivienda de las familias, así como otras medidas, sin que recibir respuesta alguna. De todo esto, tendrá que responder Pomares en la comparecencia del martes”.

Por su parte la concejala portavoz adjunta de Adelante, Paqui Macías, sostiene la necesidad de “crear un espacio de participación para el diseño de los planes de actuación en materia social que incluya a colectivos ciudadanos y a la pluralidad de los grupos políticos de la Corporación. En primer lugar, para decidir el destino de la cuantía de los 1.984.255 euros del Fondo Social Extraordinario que el Gobierno Central ha dedicado a Málaga”.

La concejala de Adelante explica que este Fondo Social Extraordinario según las instrucciones de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, “debe destinarse a cuestiones tales como garantizar ingresos suficientes a las familias en situación de vulnerabilidad, asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, así como ayudas de emergencia social; reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla; reforzar los servicios de ayuda a domicilio, así como la adquisición de medios de prevención tanto para personas usuarias como para trabajadoras y reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente protegidas”.

Macías critica que durante las semanas del estado de alarma “han quedado al descubierto las carencias en la atención social, nos llegan muchas quejas de vecinos y colectivos. El reparto de alimentos, por ejemplo, es iinsuficiente y está mal planificado, con fallos de coordinación e información en las entregas y cantidades insuficientes”.

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