La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga acusa al alcalde, Francisco de la Torre (PP), de “irresponsabilidad y falta de anticipación en el control de las garantías de cumplimiento de las medidas de prevención frente al Covid en las viviendas turísticas del municipio. La prueba es que, tras rechazar hace dos meses una moción presentada por la coalición de izquierda junto a representantes vecinales del Centro para la puesta en marcha de un plan de inspecciones, ahora la Policía Nacional está alertando a través de su oficina de comunicación del preocupante aumento de las fiestas organizadas en pisos turísticos sin respetar las medidas de prevención”.

El concejal portavoz de la confluencia, Eduardo Zorrilla, recuerda que, “en nuestra iniciativa apuntábamos por enésima vez los problemas que conlleva para la ciudadanía el descontrol absoluto y la inacción de las administraciones local y autonómica en relación con las viviendas de uso turístico, pero en especial hacíamos hincapié en la necesidad de garantizar la seguridad sanitaria frente al Covid-19 en las comunidades vecinales que albergan viviendas turísticas. Sin embargo, todas nuestras propuestas fueron rechazadas, esta permisividad e irresponsabilidad del alcalde ha favorecido que, en cuanto se han endurecido las restricciones, los pisos turísticos se hayan consolidado como espacios refugio para fiestas al margen de las normas de prevención”.

Zorrilla lamenta que “se esté dando pie a conductas incívicas que pueden tener una incidencia muy negativa en la propagación de los contagios y que ponen en riesgo, además de a las personas participantes y sus círculos, a los residentes de las comunidades que albergan pisos turísticos”.

El concejal de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, Nico Sguiglia, relata que “como ya explicábamos en la moción que presentamos hace dos meses, es clave el aumento de la inspección, que es una tarea de competencia municipal, al igual que es necesario elaborar un mapa de las viviendas turísticas realmente existentes ya que, aunque se registran 6.000 pisos legales, se estima que existe el mismo número de viviendas no legalizadas”.

Sguiglia recuerda que “con anterioridad a la pandemia ya denunciábamos la problemática derivada de la irresponsable gestión de la Junta y el Ayuntamiento, generando problemas de ruido y de convivencia, pero, a raíz de la Covid-19, la vecindad de las comunidades que acogen apartamentos turísticos vive con miedo desde hace meses ante la falta de garantías y de controles porque las autoridades no los imponen, a diferencia de lo que ocurre en los hoteles, que sí cumplen estrictos requisitos de seguridad”.