Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Medioambiente, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga reclama al equipo de gobierno “una apuesta decidida por un modelo de desarrollo sostenible de la ciudad y que dé prioridad al despliegue en el ámbito local de las medidas de su competencia contenidas en el paquete normativo aprobado por el Gobierno de España en el Consejo de Gobierno del pasado martes relativas al desarrollo sostenible y la transición energética y que incumben, principalmente, al ámbito de la movilidad, la contratación, la gestión del dominio público marítimo terrestre, el modelo productivo y la cohesión social y territorial, siempre desde la determinación de ligar de forma irrenunciable los principios de sostenibilidad y de justicia social”.

Macías explica que la estrategia para la Economía Circular 2030 y el Anteproyecto de Ley para Residuos y Suelos Contaminados aprobados este 2 de junio por el Consejo de Ministros suponen “un impulso en favor de la lucha contra el cambio climático y el avance en la transición energética pendiente, con medidas como la descarbonización de la economía, un modelo socioeconómico sin emisiones de gases de efecto invernadero, con mayor cohesión social y territorial, la protección y promoción de la salud pública, de los colectivos vulnerables, de la infancia y de la igualdad entre mujeres y hombres”.

En este sentido, la coalición de izquierdas defiende acciones para mejorar la competitividad de los sectores productivos malagueños, para lo que emplaza a “la implicación del Ayuntamiento y a la apertura de acciones de cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas”.

Desde la confluencia de Izquierda Unida y Podemos se informa que “la nueva legislación exige a los Ayuntamientos que introduzcan criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos de la gestión municipal, en especial en la planificación urbana y en el modelo de movilidad. Para ello les pide que incluyan, al menos, el establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023, medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, iniciativas para la mejora y uso de la red de transporte público, acciones para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga y el impulso de la movilidad eléctrica compartida”.

La justicia social es un derecho fundamental inseparable de esta estrategia de transición, por ello Macias adelanta que “el Ayuntamiento habrá de identificar a los colectivos, sectores y territorios potencialmente vulnerables al proceso de transición a una economía baja en emisiones de carbono, analizar las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición energética con la participación de los agentes sociales y la creación de mesas de diálogo social y el despliegue de políticas industriales, de investigación y desarrollo, de innovación, de promoción de actividad económica y de empleo y formación ocupacional para la transición justa. Todo ello teniendo como elementos transversales la perspectiva de género”.

PROTECCIÓN DE LAS PLAYAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Otro apartado esencial, según explica el concejal portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, Eduardo Zorrilla, es la obligación del Ayuntamiento de “anticiparse a los impactos previsibles del cambio climático, identificando y analizando el nivel de exposición y la vulnerabilidad de las actividades socio-económicas y los ecosistemas, y desarrollando medidas que disminuyan tal exposición y vulnerabilidad, con una especial incidencia en la gestión del frente litoral”.

En este sentido será clave “la gestión del dominio público marítimo terrestre, para garantizar una adecuada adaptación de la costa a los efectos del cambio climático y en la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, que deberá tener en cuenta factores como el estado y evolución de los ecosistemas, las condiciones hidromorfológicas, climáticas y de dinámica costera; así como la presión acumulada de los diferentes usos que soporta cada tramo de costa”, abunda Zorrilla.

Tampoco escapa el compromiso con la medioambiente en lo referido a la contratación pública, el portavoz de la coalición de izquierdas, apunta que “el Ayuntamiento tendrá que introducir en sus pliegos requisitos de máxima calificación energética de las edificaciones que se liciten, de valoración de las medidas para el ahorro y la eficiencia energética que propicien un alto nivel de aislamiento térmico en las construcciones, en torno al empleo de energías renovables y bajas emisiones de las instalaciones, el uso de materiales de construcción sostenibles y de medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de acciones para la adaptación al cambio climático”.