La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una batería de quince alegaciones al proyecto de ordenanza de Movilidad que mañana se someterá a dictamen de la Comisión Plenaria de Urbanismo y Movilidad “con el objetivo de avanzar hacia la movilidad sostenible e introducir mecanismos de participación ciudadana previos a la implantación de cualquier proyecto de extensión de la zona azul”.

El concejal portavoz de la coalición de izquierdas, Eduardo Zorrilla, considera “oportuno introducir en la nueva ordenanza garantías para frenar el afán del alcalde por recaudar mediante la injustificable imposición sin consenso, sin diálogo, sin consultar e, incluso, a pesar del amplio rechazo vecinal, del aparcamiento de pago en la vía pública, como está ocurriendo en Cruz de Humilladero y Huelin”.

Zorrilla tiene claro que “la imposición de la zona azul sin consenso vecinal ni una estrategia alternativa de movilidad sostenible no resuelve los problemas de fondo que sufre Málaga y que se derivan de una gestión caótica, ineficiente y mal planificada de la ordenación de la movilidad por parte del alcalde desde hace décadas. Esta extensión de la zona azul obligará a los vecinos y vecinas a pagar y no beneficiará a los comerciantes”.

El portavoz de la confluencia lamenta que “la ordenanza que van a aprobar el PP y Cs está anticuada y nos retrotrae a un modelo de movilidad de otra época. Va a prohibir el tránsito de las bicicletas y vehículos de movilidad personal por las aceras, nosotros somos partidarios de que no circulen por las aceras, pero que puedan hacerlo por carriles bici adecuadamente segregados de los vehículos a motor y los peatones”.

Zorrilla apunta que “en nuestras alegaciones proponemos una moratoria para que mientras el ayuntamiento no construya una red ciclista adecuada, que cuente al menos con los 70 kilómetros que se conveniaron con la Junta de Andalucía dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta, no entre en vigor la prohibición de circular por las aceras. Se trata de favorecer la movilidad sostenible, no de penalizarla como están propiciando el PP y Cs con esta regulación. Por ello también proponemos que se extienda la red pública de bicicletas de alquiler, que se instalen nuevos aparcamientos de bicicletas en la calle y en los colegios públicos del municipio y que se creen líneas de subvenciones para favorecer la creación de zonas de aparcamiento seguro para bicis en comunidades vecinales y centros de trabajo. Además de otras propuestas como medidas para favorecer el tránsito y el aparcamiento a personas con diversidad funcional o para dotar a las paradas de taxi con elementos de sombra y aseos”.

El concejal de la coalición de izquierdas, Nico Sguiglia, denuncia que “se siga sin poner coto a los patinetes de alquiler, que son el principal problema para el tránsito de los peatones por las aceras. Por eso proponemos una alegación para que se pueda multar a quienes dejan un patinete en la vía pública y, si la empresa de alquiler no lo identifica, tenga que hacerse cargo de forma subsidiaria de la multa. Pero eso no preocupa al alcalde a quien solo le importa multar a los ciclistas”.

Otra alegación central es la relativa al control de la explotación empresarial de los patinetes eléctricos, para lo que se propone “fijar un canon en favor del ayuntamiento, cláusulas de justicia laboral en beneficio de los trabajadores, limitar el número de empresas que puedan operar en la ciudad y el número máximo de vehículos que se puedan poner en circulación, entre otros aspectos. Se trata de poner el interés general y la movilidad sostenible por encima de cualquier otro negocio o interés particular”.