La diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, afirma que la Junta de Andalucía hace gala de una “absoluta falta de sensibilidad hacia un alumnado con necesidades especiales y hacia sus familias”.

La diputada provincial de IU y miembro de la dirección colegiada de IU Andalucía, Carmen Álvarez, reclama a la Junta de Andalucía que “ponga orden de una vez por todas en la situación de irregularidad” en la que se encuentra el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) que atiende al alumnado con necesidades especiales de los colegios gaditanos y del resto de Andalucía, así como que solucione la escasez de este personal en numerosos colegios de toda la provincia.

La diputada provincial de IU considera que “la Consejería de Educación no  puede mirar para otro lado cuando padres y madres de decenas de colegios de la provincia se concentran cada día para demandar más personal de integración social en los colegios, porque hablamos de niños que necesitan una atención especializada desde el primer día de colegio, no estamos hablando de falta de material o de paredes mal pintadas, sino de atención a un alumnado que precisa de más sensibilidad por parte de la Junta de Andalucía”.

Alude Álvarez a las protestas que se han dado en centros como el CEIP Miguel de Cervantes de Olvera, el IES Castillo de Luna de Rota, los IES Blas Infante y Antonio Briante Caro de Trebujena, el CEIP Virgen de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda o el IES Fernando Savater de Jerez, “pero esto es una simple muestra de la situación que se da en toda la provincia y en el resto de Andalucía”. Para la diputada, “la Junta de Andalucía está haciendo gala de una absoluta falta de sensibilidad al ningunear de esta manera a alumnado con necesidades especiales y a sus familiares”.

De igual forma, hace referencia la diputada a la resolución dada a conocer en el día de ayer por CCOO por la que la Inspección de Trabajo de Cádiz reconoce que hay “cesión ilegal de mano de obra” de las empresas concesionarias de este servicio a la Agencia Pública de Educación, dependiente de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. “Ahora, la Inspección de Trabajo da la razón a este colectivo que, desde que el anterior Gobierno socialista externalizó el servicio, vienen padeciendo una gran precariedad laboral, con sueldos de vergüenza, sin contratos en periodos vacacionales y con la eterna incertidumbre de si volverán a ser contratados, así como es como trata la Junta de Andalucía a unos trabajadores considerados esenciales, al igual que tantos otros, durante la pandemia”.