IU ha sacado adelante, con el voto en contra del PP, la moción que reclama a la Junta que avance hacia una educación realmente inclusiva, lo que pasa por la “necesaria dignificación del Personal Técnico de Integración Social (PTIS)”

Izquierda Unida ha logrado sacar hoy adelante las dos mociones que ha defendido en el Pleno ordinario de la Diputación de Cádiz del mes de octubre relativas a la mejora de la financiación en la prestación del servicio de la Dependencia y de las profesionales que lo prestan y, en segundo lugar, en favor de una educación verdaderamente inclusiva que pase por la dignificación del Personal Técnico de Integración Social (PTIS).

El diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, se ha mostrado muy satisfecho, en primer lugar, por el respaldo unánime del Pleno a la proposición de Izquierda Unida que persigue un modelo económico para la atención a la Dependencia que sea “suficiente, estable, previsible, actualizable y sostenible en el tiempo”. Durante su intervención en el Pleno, Galán, también alcalde de Trebujena, ha recordado que la moción defendida y aprobada en el día de hoy es “una voz de auxilio” de todos los ayuntamientos a través de los cuales se presta este servicio. Ha recordado que, pese a que las competencias en la Dependencia son de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España, hay ayuntamientos que tienen “la osadía, la valentía de prestar el servicio, de hacer justicia con las trabajadoras”; “creemos que el foco no está en los ayuntamientos que prestan este servicio, ni siquiera en las empresas que prestan este servicio”, ha señalado, a la vez que ha enfatizado que “aquí lo que estamos pidiendo es financiación ajustada al coste real del servicio”, pero sobre todo, “gobierne quien gobierne”.

El portavoz de Izquierda Unida ha reclamado una financiación que realmente cubra unas condiciones laborales dignas, que cuide a las plantillas; “la cuestión está en hacer justicia, en equiparar y dignificar las condiciones laborales y profesionales de las trabajadoras, digo trabajadoras porque en su amplia mayoría son mujeres las trabajadoras que prestan este servicio”. Ha alertado finalmente de la “asfixia económica” a la que se ven abocados los ayuntamientos si no se mejora esta financiación del servicio.

Entre las medidas aprobadas, la moción insta al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a establecer “una senda plurianual de financiación que permita planificar los servicios y evite depender de incrementos coyunturales o tardíos”. Al Gobierno andaluz, la moción respaldada unánimemente le pide la creación de una Mesa de la Discapacidad en Andalucía, con participación de las organizaciones sindicales y empresariales representativas del sector que permita “abordar de forma específica la realidad de los servicios de atención a personas con discapacidad, analizar la evolución de los costes laborales y asistenciales, favorecer el desarrollo de mejoras en los convenios colectivos y garantizar que dichas mejoras cuenten con una financiación pública suficiente, estable y acorde con las necesidades reales del sector”.

De igual forma, la moción insta a la Junta de Andalucía a “calcular y revisar la financiación, atendiendo al coste efectivo de residencias, centros de día, recursos para personas con discapacidad y Servicio de Ayuda a Domicilio, respetando las singularidades de cada servicio”, a garantizar que “el incremento de la aportación estatal se traduzca en capacidad autonómica real para actualizar los mecanismos de financiación de los servicios y que el esfuerzo autonómico se mantenga” y a que “la financiación permita contar con los perfiles profesionales, las categorías y las cualificaciones adecuados a los apoyos que deben prestarse”.

Por último, la moción pide, tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España, la creación de “un mecanismo estable de seguimiento con objetivos verificables de financiación, cobertura, calidad asistencial, empleo y sostenibilidad”.

Sin PTIS suficientes y con condiciones dignas no hay educación inclusiva

“No se puede entender cómo en una educación pública, un personal que desarrolla su trabajo, un trabajo esencial para la educación inclusiva, dentro del centro no tenga las mismas condiciones o no esté considerado igual que el resto de profesionales que trabajan dentro de ese instituto”. De esta manera se ha referido Ramón Galán a las condiciones que soporta el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) que debe atender al alumnado NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) de los colegios públicos andaluces.

En la proposición, aprobada con los votos a favor de IU, PSOE, La Línea 100x100 y el voto en contra del Partido Popular, Galán, ha reclamado que “se equiparen a estos trabajadores con el resto de trabajadores de los centros educativos, para ir hacia una educación inclusiva”, porque según ha insistido, “cuando una educación no es inclusiva, se convierte en exclusiva”. “Y lo más importante, vuelvo a repetir, que los niños y niñas con necesidades educativas especiales estén atendidos en unas condiciones dignas”, ha destacado el diputado, que ha calificado en todo momento a los PTIS como personal “esencial” del sistema educativo.

La moción aprobada con el voto en contra de los populares, algo que Galán ha lamentado “profundamente”, insta a la Junta de Andalucía a atender la demanda de las asociaciones de familias, sindicatos y expertos, y dotar a los centros educativos públicos andaluces del suficiente personal de apoyo al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE); a llevar a cabo contratos estables y de continuidad durante todo el año; a que en el marco de sus competencias regulatorias, exijan a las empresas adjudicatarias contratos estables y de continuidad, “poniendo fin a los abusos que se vienen produciendo y la precariedad e inseguridad laboral que generan entre el colectivo PTIS”.

Asimismo, reclama al Gobierno andaluz que lleve a cabo una revisión urgente del modelo de externalización, “que solo ha servido para precarizar y discriminar a trabajadoras y trabajadores que realizan funciones equiparables”. Y, finalmente, insta al Gobierno de España a establecer “ratios estatales fijas y una dotación mínima de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) basada estrictamente en las necesidades reales del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), ayudando así a terminar con la precariedad del sector y acabar con la disparidad de criterios entre comunidades autónomas”.