La formación política hará una pregunta oral en el Pleno de este miércoles de cara a conocer, también, si la Presidencia prevé la personación de la institución provincial en caso de que pudiera verse afectados lo intereses o la imagen institucional de la Diputación de Cádiz

Izquierda Unida preguntará de manera oral a la presidenta de la Diputación de Cádiz; Almudena Martínez del Junco, en el Pleno ordinario de este miércoles “qué actuaciones tiene previsto adoptar la Presidencia para garantizar la defensa del interés público, preservar la integridad institucional y colaborar plenamente con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos que se investigan”.

La formación política alude a las informaciones conocidas sobre la investigación judicial en curso por supuesto blanqueo de capitales en la que ha sido detenido un conocido empresario portuense, entre otras actividades, promotor de festivales de música que reciben patrocinios de diversas administraciones y en cuyo procedimiento “se incluyen referencias a la Diputación Provincial de Cádiz y a actuaciones que, de ser acreditadas, podrían afectar al prestigio institucional, al interés público y a la confianza de la ciudadanía en esta administración”.

El grupo provincial de Izquierda Unida plantea esta cuestión después de que en el curso del procedimiento judicial abierto se ordenara el registro de las dependencias del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, gestionada por Germán Beardo, vicepresidente cuarto de la Diputación y Alcalde de El Puerto de Santa María.

De esta manera, el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, apunta en la pregunta que, “con absoluto respeto a la presunción de inocencia y a la actuación de los órganos judiciales, entendemos que la Diputación de Cádiz debe ejercer un papel activo en la defensa de la institución y del interés general”. Por ello, preguntará, asimismo, si “tiene previsto la Presidencia acordar la personación de la Diputación Provincial de Cádiz en el procedimiento judicial, en la condición procesal que legalmente corresponda, si del desarrollo de la investigación se desprende que pudieron verse afectados los intereses, el patrimonio, la imagen institucional o el correcto funcionamiento de esta Corporación”.