Pide una respuesta "institucional y social" contra nuevos recortes del Gobierno central a la Junta

El portavoz del Grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha considerado que frente "al ruido" y a quienes tienen una "obsesión morbosa" por un adelanto electoral, el Acuerdo de Gobierno está adquiriendo "la tan deseada velocidad de crucero" para hacer cumplir el acuerdo programático.

Así, tras aprobarse ayer por parte del Consejo de Gobierno dos nuevos anteproyectos de Ley recogidos en el pacto, - cambio climático y juventud - Castro en rueda de prensa ha recordado que son ya ocho los anteproyectos puestos en marcha desde el periodo de sesiones anterior. A esto habría que añadir las leyes ya aprobadas tras su paso por el Parlamento - transparencia y transexualidad-, junto a la Ley sobre la Función Social de la Vivienda, aunque esta no estuviera incluida en el acuerdo. 

El portavoz ha recordado que los proyectos de ley de la Cámara de Cuentas, de banca pública o la Ley Integral de Agricultura son prioritarios para este periodo de sesiones y ha destacado el "trabajo constante" de IU "frente a la obsesión por la ruptura de este gobierno”. “Nos encontramos con un avance legislativo que no busca otra cosa que solucionar los problemas de la gente", ha indicado.

No seguir "haciendo el tonto"

Castro también ha anunciado que el Grupo parlamentario registrará la solicitud para que se celebre en la Cámara un Pleno monográfico sobre la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado en Andalucía y ha advertido que la Comunidad no puede asumir más recortes por parte del Gobierno central a la vez que ha reclamado una respuesta "institucional y social" para no seguir "haciendo el tonto".

En referencia al PSOE ha indicado que "no se pueden dar golpes de pecho" desde la Comunidad por cumplir el déficit "y luego ver cómo comunidades autónomas que no lo cumplen se ven más beneficiadas por el Gobierno de España".

Así, ha vuelto a cuestionar la reforma del artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y ha afirmado que estas normativas no buscan el saneamiento de las administraciones públicas, ni superar la crisis, "sino establecer reglas del juego que eliminan soberanía política y destruyen los servicios públicos".