El pasado mes de abril, que no tuvimos, olvidamos casi todo y aprendimos nada. En verano hicimos como si el Covid-19 hubiera desparecido y muchos disfrutaron (disfrutamos) de un estío casi normal. Ahí están, por ejemplo, las innumerables veces que los telediarios nos han contado la celebración de fiestas ilegales realizadas sin mascarilla ni vergüenza. 

Sin embargo, no toda culpa de la repetición del cuasi colapso sanitario y de los funestos datos de estos últimos meses  pueden recaer sobre nosotros. Sería más ecuánime admitir que parte estos datos macabros vienen determinados porque la segunda ola de la pandemia pilló a los gestores de la sanidad pública andaluza frente a la orilla y, mientras la veían venir, miraban para otro lado. Del mismo modo, el personal sanitario volvía al infierno de consultorios de atención primaria sin compañeros nuevos con quienes compartir en la desesperación no llegar a todos los pacientes. Y todo esto pese alertar durante los meses de julio y agosto de la falta de personal, de la escasez de rastreadores y del agotamiento físico y mental que llevaban soportando desde el comienzo de la pandemia.

En agosto el sindicato Comisiones Obreras alertó sobre esta situación en la provincia de Granada advirtiendo que sólo han sustituido al 25% de la plantilla de Atención Primaria de la provincia, y que el refuerzo de los servicios de Epidemiologia nada más contaba con tres profesionales de enfermería y uno de medicina.

No obstante, tampoco sería justo por nuestra parte decir que los recortes en el sistema sanitario de Andalucía son solo sello del actual gobierno. Así, según dio a conocer el mismo sindicato el pasado 12 de noviembre, el sistema sanitario andaluz ha sufrido un recorte de un 35’3%, pasando de una inversión de 44,7 millones de euros en 2007 a 28 millones en 2018. En atención primaria, la pérdida ha sido de dos puntos, con 35 millones de euros menos, teniendo como consecuencia que el gasto por habitante ha bajado un 4%.

Así, no es de extrañar que los derroteros para  la contratación de rastreadores, personal clave para intentar frenar la pandemia, haya sido mínima. El propio consejero Aguirre reconoció el martes 10 de noviembre diciendo que en Granada la trazabilidad de los contagios es inferior al treinta, para afirmar en la siguiente comparecencia que “se han adoptado las medidas más oportunas conforme ha ido evolucionando la pandemia.[1]” Aseveración que desde la distancia parece que dijo sin rubor alguno.

Así las cosas, tras meses de tensión en los centros de salud, de sanitarios trabajando sin descanso, pero con miedo a contagiarse y a llevar la enfermedad a sus casas y familiares, a los gestores sanitarios en Andalucía se les ha ocurrido que la mejor manera de recompensar los esfuerzos de estos profesionales son unas cuantas estatuas y, sobre todo, con una Orden que significará que los profesionales no tengan derecho a cuidar de sus familiares, no poder descansar entre turnos o tener que depender del capricho de un gerente para poder disfrutar de sus días de vacaciones.

Con todo, no cabe duda que los profesionales sanitarios estarán dispuestos atendernos de la mejor manera forma posible, a pesar de este tipo de atropellos hacia sus derechos laborales, que obviamente afectaran  a todos y cada uno de los potenciales usuarios de nuestra sanidad.

Llegados a este punto,  cabría lanzar la siguiente pregunta, ¿hasta cuándo aguantará la sanidad pública andaluza y su personal? Me temo que la respuesta, por parte de los responsables políticos, sea un “busque compare y si encuentra algo mejor cómpremelo”, ya saben.