La coalición Por Andalucía, en la que se integra Izquierda Unida, ha emprendido una contundente ofensiva legal ante las juntas electorales para frenar el uso partidista de las instituciones por parte del Gobierno del Partido Popular. A través de cuatro escritos formales de denuncia y recurso, la formación de izquierdas ha documentado cómo el Ejecutivo de Juanma Moreno está incurriendo en una vulneración sistemática del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), combinando las inauguraciones encubiertas financiadas con dinero público con intentos de amordazar a la sociedad civil granadina.

En el primer bloque de denuncias, presentadas ante la Junta Electoral de Andalucía, Por Andalucía exige sanciones y la retirada inmediata de la propaganda institucional en redes sociales protagonizada por altos cargos de la Junta en plena precampaña. La primera de las infracciones señaladas se produjo el pasado 6 de abril, cuando la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, convirtió la inauguración de la pista de atletismo del Estadio de la Juventud de Granada en un acto de autopromoción partidista ante los medios de comunicación.

Esta estrategia de "inauguraciones encubiertas" bajo el falso pretexto de "visitas técnicas" fue replicada al día siguiente, 7 de abril, por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. La formación de izquierdas ha denunciado su gira institucional por la Costa Tropical, donde Sanz utilizó tanto las obras del Hospital de Motril como las del nuevo Centro de Salud de Salobreña —un recinto cuyas obras finalizaron hace meses— para presumir de supuestos logros de gestión y vender promesas electoralistas ante la prensa, quebrando el principio de neutralidad política que exige la ley.

A este dopaje electoral institucional se suma lo que desde Por Andalucía califican como un "atropello a la libertad de expresión". La coalición ha presentado un recurso ante la Junta Electoral Provincial de Granada contra la resolución de la Junta Electoral de Zona de Órgiva, impulsada por una denuncia del PP, que prohíbe la proyección del documental "Salud No Responde" de Marea Blanca en la Escuela Taller de Dúrcal. Izquierda Unida considera "intolerable y desproporcionado" que se censure una actividad de un colectivo social por un mero defecto de forma en la cartelería, acusando a la derecha de utilizar las instituciones para silenciar las quejas ciudadanas por el desmantelamiento del sistema sanitario público.

"El Partido Popular confunde la Junta de Andalucía con la sede de su partido. Mientras recortan en nuestros centros de salud, utilizan el dinero de todos los andaluces para hacerse fotos saltándose la ley electoral e intentan ponerle una mordaza a los sanitarios y pacientes que denuncian su nefasta gestión", ha declarado el portavoz de la coalición.

Frente a esta deriva autoritaria e irregular, Izquierda Unida y Por Andalucía reafirman su compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia y la justicia en la provincia de Granada. La formación advierte de que no tolerará que el Partido Popular convierta los comicios en un escenario de trampas institucionales y censura. Por ello, exigen a los organismos competentes la máxima contundencia para garantizar que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, limpieza y respeto escrupuloso a los derechos democráticos de la ciudadanía granadina.