Izquierda Unida ha presentado una moción para que la Diputación provincial manifieste su apoyo a la Proposición de Ley presentada por su grupo parlamentario en la Junta de Andalucía relativa al acoso y ciberacoso escolar en los centros educativos de Andalucía y reclame a la Junta los recursos necesarios para garantizar una respuesta integral ante estas situaciones.

La iniciativa parte de la necesidad de abordar el acoso escolar y el ciberacoso como formas de violencia que afectan al bienestar, la seguridad, la salud emocional y el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, IU considera necesario dejar de dar respuesta solo cuando el daño ya se ha producido y avanzar hacia un modelo basado en la prevención, la detección temprana, la protección de las víctimas, la intervención educativa, la reparación y el seguimiento de los casos.

La diputada provincial de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, ha señalado que “el acoso escolar no puede abordarse únicamente cuando ya ha causado daño. Necesitamos prevenir, detectar a tiempo y garantizar que cualquier niño, niña o adolescente que esté sufriendo una situación de acoso encuentre una respuesta rápida, coordinada y con recursos suficientes”.

Pérez ha defendido que la aparición de nuevas formas de comunicación digital hace todavía más necesario reforzar las herramientas de prevención y actuación, ya que “las nuevas tecnologías han ampliado los espacios en los que puede producirse el acoso y, por tanto, también tenemos que ampliar nuestra capacidad para proteger a la infancia y a la adolescencia”.

La moción de IU respalda la proposición de ley que ha registrado Por Andalucía en el Parlamento andaluz, que plantea un marco integral de prevención, detección, protección e intervención frente al acoso y el ciberacoso. Entre las medidas contempladas se encuentran el refuerzo de los protocolos de actuación, canales seguros de comunicación y denuncia, planes individualizados de recuperación para las víctimas, medidas educativas y restaurativas, formación de profesionales y una mayor coordinación entre administraciones.

La formación también reclama que este marco legislativo esté acompañado de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios, con un refuerzo específico de los servicios de orientación educativa, los recursos especializados de apoyo psicológico y socioeducativo y las funciones de las personas coordinadoras de bienestar y protección.

“Las leyes son necesarias, pero no suficientes si no van acompañadas de profesionales, medios y tiempo para atender cada caso. La protección de la infancia no puede depender de que un centro tenga más o menos recursos ni de que una familia sepa a quién acudir”, ha afirmado la diputada provincial.

IU ha subrayado además el papel que pueden desempeñar los ayuntamientos y las diputaciones en la prevención, especialmente a través de los servicios sociales comunitarios, las políticas de juventud e igualdad, los programas educativos y de ocio y el trabajo conjunto con las familias y la comunidad educativa. La moción propone reforzar las actuaciones municipales de prevención y sensibilización, promoviendo la educación emocional, la convivencia positiva, el uso responsable y seguro de las tecnologías y la prevención de cualquier forma de violencia o discriminación.

Para Mari Carmen Pérez, “las administraciones locales también tenemos una responsabilidad que asumir. Desde la Diputación debemos trabajar junto a los ayuntamientos, los centros educativos, las familias y las entidades sociales para construir entornos seguros y protectores y para que ningún menor se sienta solo ante una situación de acoso”.