GRANADA. La candidatura de Por Andalucía por la provincia de Granada ha presentado hoy su plan de choque integral en materia de vivienda, erigiendo este derecho fundamental como el eje central de su proyecto político para las próximas elecciones autonómicas.

Desde la coalición en la que se integra Izquierda Unida se ha denunciado con contundencia la "emergencia habitacional extrema" que atraviesa la provincia, provocada por un modelo impulsado por el Partido Popular que ha convertido nuestras ciudades en un negocio exclusivo para fondos de inversión, rentistas y especuladores.

"Desde un gobierno de la Junta de Andalucía de Por Andalucía y de Antonio Maíllo no vamos a mirar para otro lado mientras los jóvenes en Granada no tienen vivienda y las familias trabajadoras son expulsadas de sus barrios o tienen que dedicar un porcentaje altísimo de sus ingresos a pagar un alquiler o una hipoteca", ha aseverado el candidato de la coalición por la provincia de Granada, Rafa S. Rufo.

Los datos avalan la urgencia en esta materia. Granada se ha convertido ya en la séptima capital española donde más se encarece el acceso a un hogar. Solo en enero de este año, el precio en la capital alcanzó los 2.558 €/m² (un incremento del 11,6% interanual), castigando de forma salvaje a zonas históricas y populares como el Albaicín, con subidas del 27,1%, o La Chana, con un 23,2%. En el mercado del alquiler, la asfixia es idéntica: el precio medio en la provincia roza ya los 10 euros por metro cuadrado, requiriendo un desembolso inasumible de 1.118 euros mensuales para un piso familiar medio en la capital.

A esto se suma la proliferación descontrolada de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), que actúan como motor de esta crisis con más de 4.000 registradas en la capital y 9.000 en la provincia, acaparadas en muchos casos por grandes tenedores.

Frente a la alfombra roja que el Partido Popular pone a la especulación, Por Andalucía sale a las próximas elecciones con un compromiso firme y valiente para garantizar el acceso a un techo digno, desplegando un escudo social habitacional de aplicación inmediata. Este plan integral pasa, en primer lugar, por derogar la Ley de Vivienda de Moreno Bonilla para acabar de una vez por todas con la legislación autonómica del PP, diseñada para favorecer la desregulación, la especulación y la venta de nuestro patrimonio urbano al mejor postor.

Para proteger a los barrios, impulsarán de forma inmediata la declaración de zonas de mercado residencial tensionadas, conforme a la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, actuando allí donde el acceso a una vivienda asequible esté en riesgo. Estas declaraciones permitirán aplicar medidas específicas y topar los precios de los alquileres adaptados a la realidad de cada territorio, interviniendo directamente en toda la ciudad de Granada, el Área Metropolitana y zonas urbanas especialmente castigadas como La Chana o la barriada de La Paz.

Asimismo, llevarán a cabo una regulación efectiva de las viviendas turísticas y de los alquileres de temporada con el objetivo de frenar drásticamente la expulsión de residentes y la escalada de precios. Para ello, implementaremos una moratoria a nuevas licencias turísticas y regularemos los alquileres de temporada, evitando que se utilicen como fraude de ley para esquivar los topes al alquiler. Todo esto irá acompañado de una lucha frontal contra la especulación urbanística, limitando aquellas operaciones de compra y venta que persigan únicamente la revalorización sin mejora del inmueble. Prestaremos especial atención a la regulación de la venta de viviendas y suelos procedentes de ejecuciones hipotecarias, impidiendo los beneficios especulativos cuando no se haya cumplido la función social de la vivienda.

Finalmente, este escudo social se consolida con el compromiso firme de crear un parque público de vivienda. Vamos a movilizar el suelo disponible y promover la construcción masiva de vivienda pública en régimen de alquiler asequible al servicio de la clase trabajadora, revirtiendo la negligencia de la actual Junta de Andalucía, que apenas ha construido el 6,5% de la vivienda protegida necesaria pese a disponer de suelo para más de 6.300 VPO en Granada.

Desde Por Andalucía e Izquierda Unida hacemos un llamamiento a la movilización de cara a la campaña que arranca este 30 de abril. La vivienda tiene que dejar de ser el gran negocio de unos pocos para volver a ser el derecho de todas y todos.