El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha registrado una iniciativa formal ante la Mesa del Parlamento de Andalucía para exigir explicaciones inmediatas al Consejo de Gobierno de la Junta respecto a la autorización de los macroproyectos de plantas fotovoltaicas denominados 'Santa María' y 'Jesús', previstos para su implantación en el término municipal de El Padul, en la provincia de Granada. La formación política alerta del gravísimo impacto ecológico que estas instalaciones supondrían para el ecosistema local, vulnerando de forma flagrante los criterios de sostenibilidad y protección territorial.

La iniciativa, formulada por el diputado autonómico Rafael Sánchez Rufo, se formaliza mediante una pregunta con ruego de contestación por escrito. El documento pone el foco sobre las presuntas irregularidades que rodean la tramitación de estas dos macroplantas energéticas, las cuales amenazan de forma directa con alterar irreversiblemente la biodiversidad y el paisaje singular de la comarca del Valle de Lecrín, una zona de altísimo valor ecológico y social.

El eje central de la denuncia de Por Andalucía radica en la existencia de informes técnicos explícitos y concluyentes emitidos por la propia Consejería de Medio Ambiente. Dichos dictámenes sectoriales determinaron de manera tajante la prohibición absoluta de ocupar determinadas parcelas seleccionadas para el despliegue de los paneles solares. El motivo de dicha exclusión no es otro que la catalogación de estos terrenos como "áreas críticas" indispensables para la supervivencia, reproducción y mantenimiento de diversas especies de aves esteparias que se encuentran bajo regímenes estrictos de protección debido a su alarmante estado de amenaza.

De manera específica, el diputado Sánchez Rufo destaca en su escrito parlamentario el peligro inminente que corren poblaciones de avifauna tan singulares y vulnerables como la alondra ricotí (Chersophilus duponti) y el sisón común (Tetrax tetrax). Ambas especies, cuya presencia en la provincia de Granada es un indicador de la excelente salud de sus ecosistemas esteparios y de un patrimonio biológico insustituible, se verían abocadas a la desaparición local si se consolida la fragmentación del territorio provocada por el vallado y la ocupación masiva de suelo por parte de las multinacionales energéticas.

Ante este escenario, Por Andalucía ha planteado tres cuestiones fundamentales al Ejecutivo autonómico. En primer lugar, interpela directamente al Consejo de Gobierno sobre si considera sinceramente que este tipo de macroproyectos garantizan de algún modo la protección del patrimonio natural granadino. En segundo lugar, exige aclarar de forma inequívoca si la Junta de Andalucía va a respetar escrupulosamente los informes de sus propios técnicos medioambientales que vetan la implantación en las parcelas afectadas. Por último, solicita conocer con detalle qué actuaciones preventivas y correctoras va a implementar de inmediato la administración autonómica para evitar que los terrenos protegidos acaben integrados en el tejido de estas macroplantas fotovoltaicas.

Esta ofensiva parlamentaria se enmarca dentro de la estrategia de acción política global que Por Andalucía viene desarrollando a lo largo de la legislatura. La formación mantiene una postura firme de fiscalización y combate frente al modelo de implantación aluvial, descontrolado y especulativo de las energías renovables que promueve el actual Gobierno andaluz, un modelo que prioriza los beneficios a corto plazo de los grandes fondos de inversión frente al bienestar de los municipios y la conservación de la biodiversidad. Desde Por Andalucía se defiende que la necesaria transición energética no puede realizarse a costa de sacrificar la riqueza natural de los pueblos ni de expoliar su territorio.

Para la formación, la verdadera soberanía energética y la lucha contra el cambio climático deben pasar indefectiblemente por un despliegue ordenado de las renovables, fundamentado en el autoconsumo, las comunidades energéticas locales, el consenso con el territorio y el escrupuloso respeto a la legalidad ambiental. “El patrimonio natural de Granada y de toda Andalucía es un legado colectivo y una fuente de riqueza sostenible para el medio rural que no se puede subastar al mejor postor” comentan desde la coalición de izquierdas.