Por Andalucía, coalición en la que se integra Izquierda Unida, ha registrado en la Mesa del Parlamento de Andalucía una pregunta dirigida al Consejo de Gobierno para exigir explicaciones urgentes sobre la última licitación del Patronato de la Alhambra y Generalife. Se trata de un contrato menor denominado "Asistencia Técnica para la Predicción Meteorológica", dotado con un presupuesto de 17.842,47 euros (IVA incluido), que la formación de izquierdas califica como una privatización encubierta y una "huida hacia adelante" del Gobierno andaluz para tapar su trágica falta de prudencia en la gestión de emergencias.

La iniciativa, impulsada por el diputado andaluz Rafael Sánchez Rufo, cuestiona directamente por qué la Junta de Andalucía ha decidido externalizar este servicio en lugar de basarse en los cauces oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), organismo público competente para la elaboración de predicciones y alertas. El propio pliego del contrato reconoce, de forma contradictoria, que el nuevo modelo predictivo utilizará como base la información y los avisos emitidos por la AEMET, lo que evidencia la redundancia y la falta de justificación técnica de esta privatización. 

Desde Izquierda Unida Granada y Por Andalucía señalan el verdadero telón de fondo de este movimiento administrativo: el fatal accidente ocurrido en octubre de 2023 durante el paso de la borrasca Bernard. Recientemente se ha hecho público que el Patronato ha tenido que indemnizar con dos millones de euros procedentes de las arcas públicas a una joven que quedó parapléjica tras la caída de una rama. La formación recuerda que aquel fatídico 22 de octubre, la AEMET ya había emitido desde el día anterior un aviso de nivel amarillo contemplando rachas de hasta 80 km/h, elevándolo a nivel naranja (90 km/h) a partir de las siete de la tarde. El aviso advertía explícitamente de la posibilidad de daños en zonas expuestas, como es la colina de la Alhambra.

“Lo que faltó aquel día en la Alhambra no fue predicción meteorológica por criterio técnico, lo que faltó fue prudencia por criterio político”, ha declarado de forma tajante el diputado Rafael Sánchez Rufo. “Ahora, en lugar de asumir responsabilidades y aplicar rigurosamente los avisos de la AEMET que ya existen, la Junta se inventa un contrato menor de casi 18.000 euros, tramitado de forma exprés en apenas dos semanas, que huele a un 'caramelito' para alguna consultora amiga. Es un despilfarro inútil, un insulto al sentido común y una falta de respeto a los profesionales del servicio público de meteorología”.

Desde Por Andalucía advierten que la elaboración de un producto hiperespecífico para un microentorno tan concreto como la Alhambra carece de sentido operativo. Además, subrayan que, de querer desarrollar un modelo de semejante complejidad científica con rigor, el coste real superaría con creces los 14.745,84 euros (sin IVA) presupuestados en este contrato menor, cuyo valor ha sido ajustado estratégicamente justo por debajo del límite legal de los 15.000 euros para evitar un concurso público abierto y garantizar una adjudicación directa. 

El proceso de licitación ha encendido todas las alarmas en la organización por sus ajustados plazos. Exigir la presentación de ofertas para una asistencia técnica tan supuestamente especializada y compleja en un escaso margen de dos semanas resulta, a juicio de Por Andalucía, un movimiento opaco diseñado para limitar la concurrencia. Los mecanismos de prevención necesarios para cerrar el recinto no requieren de consultorías privadas de 18.000 euros, sino de la voluntad política de acatar los avisos por fenómenos meteorológicos adversos de la AEMET, los mismos que la dirección del Patronato decidió ignorar en 2023.

A través de la pregunta con ruego de contestación escrita registrada en el Parlamento, Por Andalucía exige al Consejo de Gobierno que aclare si previamente se valoraron alternativas de colaboración directa con la AEMET y por qué el Patronato ha considerado necesario contratar a una empresa externa en lugar de reforzar la estricta aplicación de las alertas oficiales. 

La formación concluye reafirmando su compromiso inquebrantable con la defensa de lo público. Desde Izquierda Unida Granada exigen que el Patronato de la Alhambra y Generalife abandone las políticas de privatización estética destinadas exclusivamente a lavar la imagen de sus gestores tras episodios de manifiesta negligencia, y que comience a proteger verdaderamente tanto el patrimonio histórico como la seguridad de visitantes y trabajadores apoyándose en los servicios e instituciones públicas del Estado.