La deficiente gestión en la adjudicación de los nuevos conciertos para la prestación del servicio de Atención Infantil Temprana (CAIT) por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía ha sumido a la provincia de Granada en una situación de inaceptable inestabilidad. Desde Izquierda Unida Granada denunciamos que la exclusión de entidades de reconocido arraigo social que venían prestando este servicio fundamental, sumada a la consiguiente e inminente reubicación de menores, ha desencadenado numerosas protestas ciudadanas, visibilizándose de manera muy aguda en el conflicto generado en torno al CAIT San Rafael.

Lejos de ofrecer una salida a las familias, la crisis institucional se ha agravado en los últimos días. Según las informaciones que se han hecho públicas, la presentación de recursos ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía por parte de diversas entidades excluidas ha provocado la paralización técnica y total del procedimiento de adjudicación. Este estancamiento burocrático ha disparado el nivel de incertidumbre y la angustia de cientos de familias granadinas que, a las puertas de las próximas semanas, desconocen por completo en qué centro o por qué profesionales serán atendidos sus hijos e hijas.

Izquierda Unida Granada y Por Andalucía asumen como propias y respalda firmemente las justas denuncias de las familias afectadas. Los familiares señalan no solo una clamorosa falta de información y la más absoluta ausencia de transparencia en los criterios de adjudicación aplicados por la Administración autonómica, sino, de manera más urgente, el inmenso riesgo que supone la ruptura de los procesos terapéuticos ya consolidados.

En el ámbito de la Atención Infantil Temprana, y muy especialmente en el tratamiento de menores con trastornos del neurodesarrollo y necesidades especiales, la continuidad de los cuidados y la preservación del vínculo de confianza establecido con los y las profesionales de referencia resultan médicamente vitales para su correcta evolución. Interrumpir estos tratamientos de forma abrupta por un problema de gestión y mercantilización del servicio supone infligir un daño irreparable al desarrollo de la infancia más vulnerable.

Ante esta grave negligencia institucional, que vuelve a poner en evidencia el deterioro de los servicios públicos bajo el actual modelo de gestión autonómica, Izquierda Unida ha pasado a la acción directa. A través de nuestro Grupo Parlamentario Por Andalucía, el diputado y representante por la provincia de Granada, Rafa S. Rufo, ha registrado una iniciativa oficial en el Parlamento de Andalucía exigiendo respuestas claras, asunción de responsabilidades y soluciones inmediatas al Gobierno de la Junta.

La interpelación, impulsada por el parlamentario de Por Andalucía e Izquierda Unida, exige a la Consejería que asuma su responsabilidad política y dé la cara ante las familias mediante el registro de una petición formal para conocer con absoluta urgencia qué medidas concretas va a adoptar el gobierno de la Junta de Andalucía para garantizar que ningún menor vea interrumpida su asistencia pública o pierda la vital continuidad con sus profesionales de referencia evitando así que sufran mayores perjuicios derivados de la inaceptable paralización del procedimiento administrativo así como para forzar a la administración autonómica a responder si tiene previsto revisar estas opacas adjudicaciones a la vista de los recursos presentados y de las justas reclamaciones formuladas por la movilización de las familias afectadas

La organización subraya que el desarrollo integral de los menores andaluces no puede estar sujeto a las lógicas del libre mercado, a deficiencias administrativas o a recortes encubiertos mediante la precarización de las concesiones. Izquierda Unida Granada reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de lo público y con las organizaciones sociales que verdaderamente construyen tejido y bienestar en nuestra provincia, situándose frente a las políticas que deterioran los derechos fundamentales.