Por Andalucía ha registrado en el Parlamento andaluz una iniciativa para exigir a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad en el conflicto laboral que afecta a la plantilla del Metro de Granada, intervenga para facilitar una solución negociada y garantice unas condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras que prestan este servicio público esencial.

El diputado de Por Andalucía por Granada, Rafael Sánchez Rufo, ha comparecido junto al comité de empresa tras mantener diversos encuentros con la representación de la plantilla y recoger sus reivindicaciones laborales, que considera “justas y razonables”.

"Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que realizan el mismo trabajo que empleados de otros metros andaluces y que llegan a cobrar hasta 600 euros menos al mes. Esa situación es sencillamente injustificable", ha señalado Sánchez Rufo.

El parlamentario ha recordado que la Junta de Andalucía es la administración responsable del servicio y, por tanto, no puede permanecer al margen de un conflicto que afecta tanto a las condiciones laborales de la plantilla como a la prestación del transporte público para miles de personas del área metropolitana de Granada.

"La Junta no puede seguir mirando hacia otro lado. Tiene la obligación de implicarse, mediar y trabajar para resolver este conflicto. Garantizar condiciones laborales dignas a quienes sostienen el servicio es también garantizar que el Metro de Granada siga funcionando con calidad y eficacia para la ciudadanía", ha afirmado.

Desde Por Andalucía consideran que la resolución del conflicto pasa por avanzar hacia la equiparación salarial y la mejora de las condiciones laborales de la plantilla, así como por reforzar los mecanismos de control público sobre la empresa concesionaria.

La iniciativa registrada también reclama que la Junta intensifique las labores de inspección y seguimiento de la concesión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y del servicio público.

Abrir el debate sobre la gestión pública

Además de reclamar una solución inmediata al conflicto, Por Andalucía plantea abrir el debate sobre el futuro modelo de gestión del Metro de Granada ante la próxima finalización de la actual concesión.

Sánchez Rufo ha defendido que la experiencia demuestra que es posible gestionar servicios públicos directamente desde las administraciones garantizando tanto la calidad de la prestación como los derechos laborales de las plantillas.

"Cuando llegue el momento de decidir el futuro del Metro de Granada tendremos que preguntarnos si queremos seguir dejando este servicio en manos privadas o si apostamos por una gestión pública que garantice derechos laborales, estabilidad y un servicio de calidad para la ciudadanía", ha señalado.

Para Por Andalucía, el conflicto actual evidencia las limitaciones de un modelo que permite que existan diferencias salariales tan importantes entre trabajadores que realizan funciones equivalentes en distintos sistemas metropolitanos andaluces.

"Defender a los trabajadores y trabajadoras del Metro es defender un transporte público de calidad para Granada. No puede haber servicios públicos fuertes construidos sobre la precariedad laboral", ha concluido Sánchez Rufo.