GRANADA. La coalición Por Andalucía ha denunciado hoy la situación de emergencia social y sanitaria que atraviesa la provincia en materia de salud mental, señalando directamente a las políticas de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos ejecutadas por el Gobierno del Partido Popular. La formación advierte que la Junta de Andalucía está asfixiando fundaciones públicas esenciales y empujando a las familias trabajadoras a un mercado privado donde una sesión psicológica puede llegar a costar hasta 70 euros.

Los datos revelan una crisis estructural que el Gobierno autonómico prefiere ignorar. Andalucía registró 815 muertes por suicidio en 2024, lo que supone un aumento del 5,96% respecto al año anterior, consolidando una tendencia trágica en la que Granada sigue liderando la tasa provincial más alta (1,13). Según los propios datos de la Junta, el 42,08% de los andaluces ha sufrido al menos un trastorno mental diagnosticable, pero el sistema público es incapaz de absorber la demanda: en junio de 2024, más de 19.000 personas engrosaban las listas de espera para ser atendidas en Salud Mental en la comunidad, una cifra que se enmarca en los casi 93.000 pacientes que esperan atención sanitaria general solo en Granada.

Esta asfixia responde a una falta de recursos deliberada. Andalucía es la comunidad autónoma con menos profesionales de salud mental: apenas cinco por cada 100.000 habitantes, frente a los seis de la media estatal y a un abismo de los 18 recomendados por la media europea. Faltan más de 18.000 profesionales para alcanzar unos estándares dignos, mientras el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones (Pesma-A) 2024-2028 sigue sin aprobarse.

La candidata número dos de Por Andalucía por Granada, Lidia Milena, ha puesto el énfasis en las soluciones estructurales que defenderá la coalición en el Gobierno andaluz:

"Lo que nos transmiten los trabajadores de FAISEM es angustia ante el desmantelamiento silencioso de una red pública que salva vidas. El titular es crudo pero real: Moreno Bonilla solo quiere que vayan al psicólogo los que puedan pagárselo. Con 19.000 andaluces en listas de espera y Granada liderando la tasa de suicidios, el PP mira hacia otro lado. Desde Por Andalucía lo tenemos claro: la salud mental no es un privilegio de clase. Vamos a blindar FAISEM para asegurar la integración social, destinaremos el 10% del presupuesto sanitario a salud mental y garantizaremos por ley psicólogos en Atención Primaria y en los colegios. Ir a terapia no puede depender de tu cuenta bancaria. Hay esperanza y tenemos un plan para cuidar la vida."

Frente a las lógicas de mercado que mercantilizan nuestro bienestar emocional, la candidatura de Por Andalucía plantea un Plan Integral de Salud Mental Pública y Comunitaria diseñado para frenar en seco la privatización. Entre sus ejes de acción inmediata, exigimos un choque financiero urgente que destine, como mínimo, el 10% del presupuesto sanitario exclusivamente a la salud mental. Esta inyección de recursos permitirá realizar contrataciones masivas para equiparar nuestras ratios de profesionales a la media europea, consolidando una red pública de proximidad que garantice la presencia de psicólogos y psicólogas en la Atención Primaria, los servicios sociales, los hospitales y los centros educativos, descentralizando así la atención.

Asimismo, impulsarán un plan integral específico con la inversión necesaria para reducir a la mitad el tiempo medio de espera en el SAS, abordando de forma directa la prevención del suicidio, los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) y la ludopatía. Esta labor preventiva debe extenderse al ámbito educativo mediante la implementación de planes antisuicidio en los centros escolares, dotándolos de recursos económicos, materiales y de un personal especializado continuo. Por último, Por Andalucía remarca que su modelo pasa inexcusablemente por el blindaje de las estructuras comunitarias, reforzando a nivel presupuestario y laboral la red pública FAISEM para asegurar la integración social y acabar, de una vez por todas, con la insoportable sobrecarga de cuidados que hoy se ven obligadas a asumir las plantillas y las familias trabajadoras andaluzas.