La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga reclamará a la Comisión Plenaria de Derechos Sociales la puesta en marcha de un plan integral con medidas concretas y efectivas para garantizar el derecho a una vivienda digna a la ciudadanía de Málaga, más allá de los anuncios puntuales como las 400 viviendas que ha dado a conocer el alcalde en la jornada de hoy y que tenemos que recordarle que forman parte de las más de 1.000 viviendas que llevan más de una década paralizadas mientras sufrimos una situación insostenible”.

El concejal portavoz de la confluencia, Eduardo Zorrilla, denuncia que “en Málaga no está garantizado el derecho constitucional a la vivienda para más de 20.000 familias, tenemos un déficit histórico importantísimo de viviendas por falta de implicación de las administraciones públicas y ahora tenemos que unirle la consecuencias de la crisis derivada de la pandemia”.

Zorrilla explica que “el acceso a la vivienda se ha visto dificultado también por el auge del alquiler turístico, que ha provocado una subida de más del 50% en el precio, así como por y el aumento de las cifras de desahucios, que en los últimos dos años provienen en un 70% del alquiler. El ayuntamiento no puede permanecer impasible mientras los fondos buitres expulsan a los vecinos y vecinas de los barrios”.

El concejal de la confluencia de izquierdas, Nico Sguiglia, reclama “políticas públicas valientes a través de medidas concretas, el Ayuntamiento tiene que otorgar ayudas al alquiler suficientes y eficientes, para ello tiene que actuar de mediador y regular democráticamente los precios, ya que en la actualidad vemos casos de personas a las que se le concede la ayuda pero no encuentran en el mercado vivienda que les encaje con la cuantía recibida, por ello el preciso que el ayuntamiento actúe como mediador, a la vez que multiplique la inversión en política social de viviendas. También pedimos a la Junta de Andalucía que apruebe una ley que permita a los ayuntamientos intervenir en el mercado de la vivienda para defender los derechos de sus vecinos y vecinas”.

La vecina adjudicataria de una vivienda social tras haber sido víctima de un desahucio, Pilar Miguélez, reclama “un programa de intervención por parte del ayuntamiento y la Junta de Andalucía, no puede ser que el alquiler esté por encima de los ingresos de las familias y que se esté expulsando, por la subida de los precios, a muchas familias del centro y los barrios de la ciudad para buscar opciones más baratas en la periferia”.

Aquí os dejamos la moción que presentamos a la Comisión de Derechos Sociales: Moción relativa a poner en marcha un Plan Integral Municipal por el Derecho a la Vivienda.