El Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Granada, a través de su portavoz Mari Carmen Pérez, ha presentado una moción en la que se insta a la Diputación a implementar un plan de financiación para la retirada del amianto en cumplimiento de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

La moción destaca que, según esta ley, los ayuntamientos estaban obligados a elaborar un censo de instalaciones con amianto antes del 10 de abril de 2023, y a establecer un calendario para su retirada, con prioridad para aquellos emplazamientos de mayor riesgo para la población vulnerable. Sin embargo, muchos municipios, especialmente aquellos con menos de 20.000 habitantes, se enfrentan a serias dificultades para cumplir con esta normativa debido a la falta de recursos técnicos y financieros.

Izquierda Unida ha valorado el esfuerzo de la Diputación al ofrecer herramientas metodológicas para ayudar a los ayuntamientos a elaborar el censo, pero considera que estas medidas no son suficientes. En su moción, IU propone que la Diputación no solo preste asistencia técnica, sino que también habilite una partida presupuestaria específica para 2025 que permita a las entidades locales cumplir con la obligación legal de retirar el amianto.

Asimismo, la formación de izquierdas reclama que la Junta de Andalucía incluya en sus próximos presupuestos un apoyo económico para afrontar esta tarea, señalando la importancia de que las administraciones colaboren para evitar que los municipios asuman competencias impropias que no les corresponden y que generan una carga financiera insostenible.

Mari Carmen Pérez ha subrayado la urgencia de abordar este problema de salud pública y ha insistido en la necesidad de asegurar que los ayuntamientos cuenten con los medios suficientes para eliminar el amianto de los espacios públicos, garantizando así la seguridad de la ciudadanía.