Izquierda Unida Granada ha celebrado hoy como una "victoria rotunda de la movilización ciudadana y vecinal" el hecho de que la subasta pública del antiguo centro de menores de San Miguel Alto haya quedado desierta. La falta de licitadores dispuestos a pujar por el inmueble, que la Junta de Andalucía pretendía enajenar para su inminente conversión en un complejo hotelero, demuestra, según la organización de izquierdas, que la fuerte y constante oposición ciudadana ha logrado disuadir a los fondos de inversión y frenar la especulación inmobiliaria en el barrio.  Desde IU, integrada en la coalición electoral Por Andalucía para las pasadas elecciones andaluzas, han señalado que el fracaso de la administración autonómica a la hora de privatizar este espacio no es fruto de la casualidad, sino el resultado directo de la presión ejercida por los vecinos, colectivos y diferentes plataformas. Las recientes concentraciones, que lograron reunir a centenares de personas en el histórico barrio granadino en repulsa a la subasta, así como la promoción de manifiestos y debates vecinales, han levantado un muro democrático infranqueable contra la venta de la ciudad al mejor postor. Ningún inversor ha querido adquirir un conflicto social. 

En este sentido, Izquierda Unida y el grupo parlamentario de la coalición Por Andalucía han anunciado de forma tajante que su principal objetivo a partir de este momento será garantizar que el recinto, situado en un enclave de incalculable valor patrimonial y paisajístico como es el Cerro de San Miguel, conserve su carácter estrictamente público. La coalición advierte de que no tolerará que se reactive ningún procedimiento de privatización encubierta ni modificaciones urbanísticas –como las contempladas en el Plan Especial (PEPRI) del Albaicín– destinadas a facilitar el desembarco del sector terciario y hotelero en la parcela.

La formación ha querido poner en valor que el patrimonio de titularidad pública no puede ser gestionado como un simple activo financiero para cuadrar los balances del Gobierno andaluz, sino que debe responder a las necesidades reales de la población. Para Izquierda Unida, la ciudad de Granada y, muy especialmente, el barrio del Albaicín, se encuentran en una situación de emergencia debido a la descontrolada proliferación de pisos turísticos y la saturación de plazas hoteleras. Convertir un antiguo equipamiento público en un nuevo hotel habría supuesto un ataque letal para un barrio que ya sufre las graves consecuencias de la expulsión de sus vecinos, el encarecimiento inasumible de la vivienda y la pérdida de su tejido comercial y vecinal.

Ante este nuevo escenario de oportunidad, Izquierda Unida ha adelantado que la coalición Por Andalucía trabajará desde todas las instituciones para materializar la reversión de los planes iniciales, apostando por un modelo que blinde los servicios públicos. La prioridad innegociable de la confluencia progresista será fomentar la participación ciudadana vinculante para definir el futuro destino del centro de menores.

La hoja de ruta de IU pasa por la creación de asambleas vecinales y mesas de trabajo donde sean los propios habitantes del Albaicín y de la ciudad de Granada quienes decidan qué tipo de equipamiento social, cultural o comunitario se instalará en el entorno. Entre las opciones que baraja la organización –siempre supeditadas a la deliberación popular– destacan la reconversión del espacio en un centro social autogestionado, la creación de un espacio de interpretación del entorno natural e histórico del Cerro de San Miguel, o el estudio de su adaptación para proyectos de carácter sociocomunitario que actúen como antídoto a la despoblación del barrio.

"La ausencia de ofertas económicas por el centro de San Miguel Alto es el triunfo de un barrio que se niega a convertirse en un mero parque temático", han sentenciado Mari Carmen Pérez, diputada provincial de IU. Izquierda Unida reafirma así su compromiso inquebrantable con la defensa de lo público y el municipalismo. La coalición asegura que su programa representa la única alternativa sólida capaz de poner freno al modelo extractivo, garantizando que el derecho a la ciudad, la habitabilidad y el bienestar vecinal prevalezcan siempre sobre los márgenes de beneficio de los grandes inversores privados.