• Con ello mejoraría la situación económica del colectivo y las condiciones y estabilidad de los talleres de Servicios Sociales en la ciudad.

El convenio vigente desde septiembre del 2024, no acoge a las trabajadoras y trabajadores de este colectivo ya que el acuerdo entre el Ayuntamiento y CLECE, la empresa que presta el servicio, es anterior. Esto supone, según Joaquín Vega, coportavoz de Izquierda Unida en Granada, una manifiesta e inadmisible discriminación económica.

El salario actual de este colectivo es de 8,54 euros brutos la hora, un salario verdaderamente de miseria y no correspondiente a la categoría de la función que realizan y que obliga a las trabajadoras al pluriempleo. Con la aplicación del convenio, el salario aumentaría año tras año hasta situarse a 13,56 euros brutos/hora en 2027.

Este grupo de trabajadores está sufriendo una grave discriminación que el Ayuntamiento debe subsanar aplicando el convenio colectivo actualizado o realizando una mejora equivalente dentro del actual contrato con la empresa con la que externaliza el servicio.

“El trabajo de estos colectivos es muy importante porque fomenta el bienestar de la ciudadanía, ayuda a suavizar desigualdades realizando una gran labor social que debe ser reconocida con unas buenas condiciones laborales. Es impropio de un Ayuntamiento tener trabajadoras con sueldos ínfimos que no permiten vivir con dignidad ni dar estabilidad y continuidad a la actividad que realizan”, manifiesta Vega. Los monitores y monitoras de talleres de Servicios Sociales en Granada atienden la soledad y el bienestar de las personas mayores, trabajan con la infancia y la juventud mediante talleres socioeducativos, apoyando el desarrollo, el aprendizaje y acompañando a miles de familias cada año. Esta labor esencial para la sociedad debe ser reconocida.

El calendario laboral del colectivo también debería adaptarse al calendario escolar para que la labor de las trabajadoras que realizan tareas de apoyo y acompañamiento del alumnado pudieran realizarlas durante el curso completo.

Para Izquierda Unida, finaliza el coportavoz, la externalización de servicios es una forma de perder calidad en el desempeño de la función y enriquecer a empresas que solo buscan la obtención de beneficios a costa del detrimento de las condiciones laborales de las trabajadoras y, por ende, del buen ejercicio de la labor que realizan. Por ello, desde la formación abogan por la remunicipalización de todos los servicios sociales y que el Ayuntamiento asuma esta gestión en beneficio de la ciudadanía, sin intermediarios, creando empleo estable, digno y de calidad.