Izquierda Unida considera que las reivindicaciones de los trabajadores de ROBER son más que justas, muchas de ellas basadas en el respeto y cumplimiento de la ley. Además, condena la dejadez del Ayuntamiento por no implicarse en este conflicto laboral. El gobierno municipal del Partido Popular es responsable de garantizar que la empresa contratada cumpla con sus obligaciones y preste el servicio adecuado para el cual se le concedió la licitación.

Por tanto, Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial y diputada de IU insta al Ayuntamiento a involucrarse activamente en este conflicto, posicionándose del lado de los trabajadores para garantizar un servicio público de calidad como es el autobús urbano, medio de transporte alternativo al coche tanto para los granadinos como para los usuarios del área metropolitana que utilizan el transbordo para moverse por la capital.

Mantenerse al margen de esta situación demuestra una enorme irresponsabilidad y negligencia, no solo hacia los trabajadores de ROBER, sino también hacia la ciudadanía que padece el deterioro de los servicios, “siendo el ayuntamiento de Granada cómplice y parte de un conflicto que la empresa concesionaria se niega a resolver mostrándose intransigente en las negociaciones” destaca Pérez.

“Confiamos que en el SERCLA de esta tarde se pueda alcanzar un acuerdo justo y equitativo para los trabajadores y el transporte vuelva a la normalidad”. De no resolverse el conflicto, recuerda Pérez, el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular y contratante será el responsable de que este servicio público no llegue a la ciudadanía y por tanto debe tomar parte, intermediar y no ponerse de perfil ante esta situación.