La iniciativa, elaborada por CCOO, denuncia la precariedad y reclama a la Junta un cambio de modelo que refuerce lo público

La diputada provincial y coordinadora de Izquierda Unida en Granada, Mari Carmen Pérez, ha anunciado la presentación en el próximo Pleno de la Diputación de una moción en defensa del personal que trabaja directamente con menores en los centros de protección y justicia juvenil de la provincia. La iniciativa, elaborada inicialmente por el sindicato Comisiones Obreras, ha sido asumida y registrada por Izquierda Unida para su debate institucional, en un gesto de compromiso político con la mejora de las condiciones laborales en un ámbito especialmente sensible.

La moción surge tras el trágico asesinato de una educadora social en Badajoz, un suceso que ha visibilizado la situación de inseguridad, precariedad y abandono institucional que sufren muchas trabajadoras del sistema de protección de menores. “No estamos ante un caso aislado, sino ante las consecuencias de un deterioro estructural del modelo de atención a la infancia vulnerable”, ha explicado Pérez, quien ha subrayado que “la provincia de Granada no es ajena a esta realidad”.

Actualmente, todos los centros de protección de menores y justicia juvenil de Granada funcionan bajo un modelo de gestión externalizada, con condiciones laborales muy por debajo de las que se aplican en los escasos centros de titularidad pública. Según recoge la moción, los salarios en los centros concertados pueden llegar a ser hasta 10.000 euros anuales menos respecto a los que perciben los profesionales que trabajan directamente para la Junta de Andalucía.

La propuesta de Izquierda Unida reclama a la Junta el cumplimiento íntegro del V Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, la eliminación de licitaciones basadas únicamente en el bajo coste y la puesta en marcha de un plan para la creación de centros de gestión pública en Granada. También se exige un plus de peligrosidad para el personal de atención directa, así como auditorías periódicas, protocolos específicos contra agresiones y un registro autonómico del personal del sistema.

“Estamos hablando de quienes cuidan, educan y protegen a menores en situación de máxima vulnerabilidad. Es inadmisible que lo hagan en condiciones precarias y sin la seguridad necesaria. Desde Izquierda Unida asumimos esta reivindicación de CCOO como propia porque compartimos el objetivo de dignificar este trabajo y reforzar el papel de lo público en el cuidado de la infancia”, ha recalcado Pérez.