Izquierda Unida ha denunciado la reciente decisión de la comunidad de regantes del canal de Jabalcón de vender 4 hectómetros cúbicos de agua al Almanzora, en Almería, por un valor de algo más de un millón de euros. A pesar de que esta transacción cumple con la legalidad vigente, ha generado una fuerte polémica en el altiplano granadino.

La venta de estos derechos de agua, según Izquierda Unida, plantea serias preocupaciones sobre la gestión de un recurso esencial y sobre las implicaciones a largo plazo para la comarca y se ve como un grave error estratégico.

Asociaciones de regantes, ecologistas, sindicatos y autoridades locales ya han expresado su desacuerdo con esta decisión y han trasladado a la organización de izquierdas que vender ahora puede llevar a una falta de agua en el futuro próximo, afectando negativamente a una región que ya sufre un déficit hídrico significativo. Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de Izquierda Unida, señala que “no tiene sentido que mientras se demanda agua a Castril, la que se tiene se malvenda a Almanzora”. Además, destacó que algunos municipios del altiplano llevan seis años esperando concesiones de agua.

Pérez ha subrayado la necesidad de una política coordinada del agua en la comarca, criticando la venta como un grave error estratégico al ceder recursos en una zona ya deficitaria.

Izquierda Unida señala que la Ley de Aguas prevé la creación de centros de intercambio de derechos con garantías ambientales y sociales, pero lamenta que la cesión de derechos al uso privativo del agua, utilizada en este caso, carece de la transparencia y participación pública necesarias.

La Mesa Social del Agua de Andalucía también se ha opuesto a esta venta, insistiendo en que el agua debe gestionarse como un bien público y no bajo acuerdos privados que pueden llevar a la creación de mercados privados del agua.

Izquierda Unida reitera su compromiso con la defensa de una gestión transparente, equitativa y sostenible del agua, y exige a las autoridades competentes que no autoricen estas transacciones sin una evaluación adecuada de sus impactos ambientales, económicos y sociales. La formación insta a buscar soluciones consensuadas que garanticen el uso eficiente y justo del agua, respetando el patrimonio natural y cultural del altiplano granadino.