Izquierda Unida de Granada ha manifestado su respaldo absoluto a las familias de los menores usuarios del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de San Rafael en las justas reclamaciones que llevan sosteniendo desde hace siete meses.

La actual gestión de la Junta está afectando gravemente a 600 familias dependientes del CAIT de San Rafael y de ASPACE Granada. Estas se enfrentan a diario a la eliminación sistemática de terapias fundamentales y a la expulsión de una parte de la plantilla de profesionales. A este desmantelamiento intencionado se suma la negativa a cubrir las bajas médicas, lo que colapsa aún más la prestación del servicio.

Como consecuencia directa de estos recortes, un gran número de familias se ven desplazadas forzosamente a otros centros con un preaviso inferior a un mes. Asimismo, esta inestabilidad provoca que muchos niños y niñas deban cambiar bruscamente de terapeuta, lo que supone un profundo agravio, interrumpe su evolución y genera un grave perjuicio emocional para menores con necesidades diversas que requieren rutinas y vínculos de confianza para su desarrollo.

Ante esta situación, la diputada provincial de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, ha sido tajante al señalar la responsabilidad directa del Gobierno autonómico: "Teniendo partidas de dinero no ejecutado, vemos cómo financiación hay, lo que no existe es voluntad política. El Partido Popular de Moreno Bonilla sigue su camino a la privatización de los servicios públicos; hoy les ha tocado a los niños con necesidades diversas".

Izquierda Unida Granada, en su firme compromiso con la defensa de los derechos sociales, trasladará de manera inmediata estas demandas a las instituciones provinciales y autonómicas correspondientes. La formación exigirá la ejecución total de las partidas presupuestarias disponibles, el fin de las derivaciones forzosas y la restitución inmediata de los profesionales y las terapias en San Rafael. Izquierda Unida seguirá fiscalizando la gestión de la Junta y acompañando a las familias en cada movilización para frenar el desmantelamiento de la atención temprana.

“Porque defender lo público es defender la vida; la salud y el bienestar de nuestra infancia no son un negocio” culmina Mari Carmen Pérez