El candidato de Por Andalucía por la provincia de Granada, Rafa Sánchez Rufo y la diputada provincial de IU Granada, Mari Carmen Pérez, han mantenido este jueves una reunión de trabajo con representantes del sindicato CCOO para abordar la grave crisis que atraviesa el sistema de atención a la dependencia. Desde Izquierda Unida Granada, formación integrada en la confluencia, alertan del colapso de un servicio público esencial y señalan directamente a la gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía (PP) como máximo responsable del desmantelamiento de los derechos sociales en nuestra provincia.

La situación actual es crítica. Según los últimos datos publicados a principios de este año, Andalucía sigue presentando unas cifras inasumibles, siendo la segunda comunidad autónoma de España con mayor tiempo de espera para acceder a la dependencia, con una media de 496 días. A este embotellamiento burocrático y falta de inversión se suma una realidad trágica reiteradamente denunciada por los agentes sociales: miles de andaluces, decenas de ellos granadinos, fallecen cada año sin haber recibido la ayuda o la plaza asistencial a la que tenían derecho por ley.

Ante este panorama, el candidato provincial ha querido dar voz a las reivindicaciones tanto de las personas dependientes y sus familias como de las trabajadoras del sector, cuya precariedad laboral se ha visto agravada por la inacción autonómica y la falta de refuerzos de la Junta de Andalucía. Tal y como ha expresado el propio Rafa Sánchez Rufo, el mensaje es contundente: "Es inadmisible que el Gobierno de Moreno Bonilla juegue con la vida de los más vulnerables y trate de maquillar como un logro que nuestros dependientes tengan que esperar casi 500 días para recibir asistencia. No es solo una cifra burocrática, son familias de clase trabajadora sufriendo la inoperancia y los recortes deliberados de la Junta. Lo que hace falta es voluntad política, blindar los recursos y acabar de una vez por todas con la saturación de las plantillas".

Durante la reunión, ambas organizaciones han coincidido en que el actual modelo no solo abandona a los usuarios, sino que está sometiendo a los profesionales de los servicios sociales a ritmos de trabajo extenuantes, tras años sin que se garantice la creación neta de empleo público en el sector.

Para revertir esta lista de espera que Por Andalucía califica de "infame", la coalición ha puesto sobre la mesa una batería de propuestas ineludibles y de ejecución urgente, centradas siempre en la defensa irrenunciable de lo público. En primer lugar, exigen un plan de choque de financiación que asegure un aumento drástico de la partida presupuestaria autonómica destinada a la Ley de Dependencia, garantizando así los fondos suficientes para acabar con las demoras. A esto se suma la necesidad de un refuerzo del empleo público mediante la contratación estructural e inmediata de personal técnico y administrativo, como trabajadores sociales y valoradores, una medida fundamental para desatascar la evaluación de los expedientes y agilizar las concesiones en la provincia de Granada. Asimismo, reclaman la ampliación de plazas cien por cien públicas a través de la creación de nuevos espacios en residencias y centros de día de titularidad y gestión exclusivamente pública, frenando de esta manera la constante derivación de recursos al sector privado. Por último, la formación incide en la urgente dignificación laboral, proponiendo una mejora sustancial de las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras del sector de los cuidados con el objetivo de combatir la sobrecarga emocional y física, así como la precariedad impuesta por las externalizaciones.

Izquierda Unida Granada y Por Andalucía reafirman así su compromiso con un modelo de sociedad que ponga el cuidado de la vida en el centro y garantice unos servicios públicos robustos, universales y de calidad.