La dirección provincial de Izquierda Unida en Granada, formación integrada en la coalición Por Andalucía en el Parlamento andaluz, ha manifestado su rechazo frontal al nuevo acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Popular y Vox en la Junta de Andalucía. Desde la organización de izquierdas advierten que las medidas pactadas suponen un ataque directo a los valores democráticos, la convivencia y la cohesión social, alertando del impacto profundamente negativo que estas políticas tendrán sobre las familias trabajadoras y los servicios públicos de la provincia de Granada.

La coordinadora provincial de IU Granada, Mari Carmen Pérez, ha advertido de la deriva ultraconservadora y excluyente que asume el ejecutivo andaluz. En su intervención, Pérez ha señalado críticamente las políticas migratorias acordadas, destacando que el rechazo frontal a la acogida de menores extranjeros no acompañados y la exigencia de suprimir todas las subvenciones a las ONG que trabajan en la atención a personas migrantes suponen una grave vulneración de los derechos humanos básicos. Asimismo, ha censurado de forma categórica que el pacto busque imponer el principio de "prioridad nacional" para restringir el acceso a las ayudas y prestaciones sociales, una medida que, según denuncia la coordinadora, solo busca fomentar la discriminación y dividir a la clase trabajadora.

"El documento firmado por Moreno Bonilla asume íntegramente la agenda del odio y la exclusión de la extrema derecha", ha declarado Mari Carmen Pérez. "Vemos con enorme preocupación cómo se criminaliza la vulnerabilidad y se recorta en solidaridad, al tiempo que se suprimen impuestos ambientales a los que más contaminan y se anuncian bajadas del IRPF a ricos que, en la práctica, solo sirven para mermar los ingresos de nuestra comunidad y deteriorar aún más la sanidad y la educación públicas de los granadinos".

La organización subraya que Granada, una provincia con importantes retos estructurales, necesidades en sus comarcas y problemas de desempleo, necesita de unos servicios públicos y un tejido de protección social fuerte, el cual se ve directamente amenazado por esta estrategia de reducción de ingresos y criminalización del tejido asociativo. Además, desde IU apuntan que medidas como la prohibición de ciertas prendas en espacios públicos no responden a necesidades reales, sino a una agenda puramente ideológica y estigmatizadora.

A estas críticas se suma el profundo rechazo a las políticas habitacionales y sanitarias que plantea el pacto, según la formación, las cuales “suponen un castigo añadido para los habitantes de la provincia”. En materia de vivienda, IU Granada denuncia la negativa expresa del nuevo gobierno andaluz a aplicar la Ley de vivienda estatal, una decisión política que deja a las familias trabajadoras y a la juventud granadina a merced de la especulación inmobiliaria y de los grandes tenedores, priorizando el negocio rentista frente al derecho constitucional a un techo. Paralelamente, en el ámbito de la salud pública, la organización de izquierdas advierte que el acuerdo no solo profundiza en la senda privatizadora mediante la consolidación de conciertos y la llamada colaboración público-privada, sino que cae en el más absoluto de los despropósitos al prometer más infraestructuras, transportes y equipamientos técnicos cuando la realidad diaria de Granada es una acuciante falta de personal médico y pediátrico para poder usarlos, con ambulatorios cerrados por las tardes y plantillas totalmente desbordadas.

Por su parte, el diputado autonómico por la provincia de Granada en el grupo parlamentario Por Andalucía, Rafael S. Rufo, ha cerrado la valoración incidiendo en el impacto territorial y presupuestario que este acuerdo tendrá de forma inminente.

"Este pacto es una auténtica condena para nuestra provincia; desde Por Andalucía en el Parlamento vamos a hacer frente a cada recorte y a cada medida discriminatoria porque Granada no puede permitirse un gobierno que prefiere asfixiar los servicios públicos para regalarle bajadas de impuestos a una minoría privilegiada, mientras deja completamente abandonados a los barrios y pueblos que más apoyo institucional necesitan", ha sentenciado Rafa S. Rufo.