El Grupo Provincial de Izquierda Unida (IU) en la Diputación Provincial de Granada ha registrado una moción en la que exige al Gobierno de la Junta de Andalucía que destine los recursos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 exclusivamente a políticas públicas y a la consolidación de un parque habitacional permanente. Con esta iniciativa, la formación de izquierdas busca dar una respuesta estructural a la grave emergencia que sufre la provincia, garantizando que el acceso a un hogar deje de ser un activo financiero dictado por el mercado especulativo para volver a ser un derecho fundamental, tal y como ampara el artículo 47 de la Constitución Española.

La provincia de Granada atraviesa una de las situaciones más críticas de las últimas décadas en materia de vivienda. El incremento sostenido y abusivo de los precios del alquiler y la compra, sumado a la turistificación, la insuficiencia histórica del parque público y la especulación descontrolada sobre el suelo, está expulsando a la población trabajadora de sus barrios. Actualmente, jóvenes, familias vulnerables y personas con rentas medias y bajas encuentran barreras insalvables para acceder a un hogar y desarrollar proyectos de vida estables.

Ante este escenario de emergencia social, Izquierda Unida subraya la necesidad inaplazable de revertir las políticas neoliberales que durante décadas han mermado el patrimonio colectivo. Según recoge el texto de la moción, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, representa una "oportunidad histórica" para cambiar el paradigma. En este nuevo esquema de financiación territorial, el Estado asume el 60 % de la inversión, mientras que las Comunidades Autónomas deben aportar el 40 % restante para desplegar las ayudas.

La diputada y portavoz provincial de IU, Mari Carmen Pérez, ha sido tajante al defender el texto de la moción: "Resulta imprescindible que las comunidades autónomas, y en especial la Junta de Andalucía como administración competente, destinen estos recursos íntegramente a la creación, ampliación y mantenimiento de un parque público estable. Las administraciones públicas deben gestionar directamente estas viviendas, evitando cualquier rendija legal que permita su privatización, venta o cesión a grandes tenedores o entidades privadas con ánimo de lucro".

Uno de los ejes centrales de la moción impulsada por Izquierda Unida es la reclamación de la "calificación permanente y a perpetuidad" del suelo y de las viviendas protegidas que se promuevan con financiación pública. Desde la organización de izquierdas advierten que el modelo histórico de descalificación temporal —que permitía que las viviendas sociales acabaran en el mercado libre transcurridos unos años— ha sido un fracaso deliberado que solo ha servido para alimentar burbujas especulativas y enriquecer a unos pocos a costa de los recursos del Estado. Esta dinámica ha provocado que el parque público de vivienda en España se sitúe hoy de manera alarmante por debajo de la media europea.

Asimismo, la iniciativa presentada solicita a la Comunidad Autónoma de Andalucía la instauración de mecanismos reales de control, transparencia y evaluación pública sobre la ejecución presupuestaria del Plan 2026-2030. Izquierda Unida exige que se garantice por ley la participación de los ayuntamientos —como instituciones de primer impacto ciudadano— y de las organizaciones sociales y plataformas en defensa de la vivienda en el seguimiento continuo de estas políticas.

La moción no solo interpela al gobierno autonómico, sino que insta también al Gobierno de España a mantener y blindar estructuralmente la financiación estatal destinada a la vivienda pública en los próximos ejercicios. IU aboga por reforzar la cooperación y el municipalismo, garantizando a las entidades locales la capacidad y la potestad para defender los derechos de sus vecinos frente a la asfixia del mercado.

En caso de ser aprobada, la Diputación dará traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a los grupos parlamentarios del Parlamento Autonómico.

Izquierda Unida Granada reafirma con esta medida su firmeza en la defensa de lo público, de la clase trabajadora y de la mayoría social. Frente a quienes conciben la ciudad como un tablero de negocios, la formación asegura que seguirá combatiendo en todas las instituciones para que el derecho a un hogar digno sea la base de una sociedad verdaderamente igualitaria y cohesionada.