El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Granada ha registrado una moción en la que exige una actuación urgente, firme y decisiva por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía frente al grave conflicto laboral que atraviesa el servicio del Metro de Granada. La iniciativa, impulsada por la portavoz y diputada provincial de IU, Mari Carmen Pérez, tiene como objetivo principal arropar las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de este medio de transporte, instando a la administración autonómica a abandonar su inacción, frenar los abusos de la empresa concesionaria privada y abrir formalmente el camino hacia la recuperación de la gestión pública directa.

Para Izquierda Unida, el Metro de Granada constituye hoy una infraestructura esencial e imprescindible para vertebrar el área metropolitana y garantizar el derecho a una movilidad sostenible. Sin embargo, este carácter estratégico choca frontalmente con el modelo de gestión externalizada vigente. Los recientes conflictos y movilizaciones laborales, protagonizados por una plantilla llevada al límite, han sacado a la luz profundas deficiencias estructurales: empeoramiento constante de las condiciones de trabajo, una organización laboral deficiente, el bloqueo sistemático de la negociación colectiva y la falta de garantías en los derechos más elementales de los empleados.

Desde la formación de izquierdas denuncian de forma categórica que la calidad de un servicio público no puede desvincularse jamás de las condiciones materiales de las personas que, con su esfuerzo diario, lo hacen posible. En este sentido, Izquierda Unida advierte que un modelo de negocio que se sostiene sobre la precarización del empleo repercute, de forma directa e inevitable, en la merma de la seguridad, la estabilidad y la calidad de la atención que reciben miles de usuarios granadinos cada día.

A través de esta iniciativa, Izquierda Unida señala a la Junta de Andalucía como administración titular del servicio y, por tanto, máxima responsable de lo que ocurre en sus infraestructuras. Por ello, la moción exige al Consejo de Gobierno andaluz que asuma de inmediato un rol proactivo, promoviendo espacios de diálogo efectivos entre la concesionaria y el comité de empresa para blindar acuerdos que garanticen la estabilidad laboral.

Desde Izquierda Unida se insiste en que esta moción se eleva expresamente a la Diputación Provincial porque los municipios por los que transcurre el Metro pertenecen al área metropolitana, por lo que la institución provincial debe asumir un papel activo y protector. El conflicto generado por la empresa privada no puede repercutir negativamente en el servicio público de los pueblos grandes de la provincia, especialmente tras la reciente ampliación del trazado, donde se debe garantizar aún más la conectividad sin anteponer el beneficio económico privado.

Asimismo, la formación advierte del grave impacto ecológico: mientras el Metro busca eliminar el transporte privado para evitar que los coches colapsen la ciudad, este conflicto laboral está provocando el efecto contrario, empujando a la ciudadanía a utilizar de nuevo el vehículo privado. Por ello, la Diputación debe amparar a los municipios afectados y colaborar activamente en la resolución del problema.

Izquierda Unida recuerda que la problemática actual del Metro de Granada no es nueva, sino que viene arrastrándose desde la etapa en la que Marifrán Carazo era consejera de Fomento de la Junta de Andalucía. Carazo conoce perfectamente las deficiencias y las demandas de la plantilla, habiendo gestionado erróneamente el servicio en su momento. Por este motivo, desde la formación se denuncia que la actual gestión deficiente no puede contar con el respaldo ni la complicidad del actual presidente de la Diputación (del Partido Popular), ya que se trata de un servicio público esencial que fue mal gestionado en su origen por su propio partido.

La organización demanda, además, la ejecución de una auditoría integral que evalúe minuciosamente el grado de cumplimiento de la empresa adjudicataria respecto a todas sus obligaciones sociolaborales y contractuales. Desde IU sostienen que el dinero público no puede servir para financiar la precariedad y adelantan que, en caso de demostrarse incumplimientos graves o reiterados, la Junta debe ejercer sus potestades legales y proceder a la resolución punitiva de la concesión privada.

Consecuente con su firme defensa de los servicios públicos frente al lucro privado, Izquierda Unida va un paso más allá del conflicto coyuntural. La propuesta incluye la exigencia de elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un informe técnico, jurídico y económico pormenorizado sobre las vías para la recuperación y asunción pública directa de la gestión del Metro. Para la formación, es imperativo demostrar que la gestión 100% pública es la única alternativa real para priorizar el interés general sobre los márgenes de beneficio de grandes empresas.

Finalmente, y como mecanismo de protección estructural, la diputada Mari Carmen Pérez solicita que la administración autonómica incorpore, con carácter obligatorio en todos los futuros pliegos de contratación y renovación del transporte, cláusulas sociales y laborales estrictas. El objetivo es claro: asegurar salarios justos, garantizar el cumplimiento escrupuloso de los convenios e impedir que cualquier contratista que explote a la clase trabajadora pueda operar en Andalucía.

Con esta ofensiva institucional, Izquierda Unida Granada reafirma su compromiso inquebrantable con el tejido laboral de la provincia. La formación tiende la mano a la plantilla del Metro en sus reivindicaciones y hace un llamamiento al resto de grupos políticos de la Diputación Provincial para que se sitúen del lado de los trabajadores, respaldando esta moción de justicia social para consolidar un transporte metropolitano digno, seguro y cien por cien público.