Izquierda Unida reitera su rotunda oposición a la concesión de nuevas licencias para viviendas turísticas, una práctica que —según la formación— expulsa a las familias de sus barrios y encarece todavía más el acceso a una vivienda digna.

IU recuerda que ya en numerosas ocasiones se ha posicionado en contra de la proliferación de pisos turísticos, advirtiendo que este modelo no solo destruye tejido vecinal, sino que también incrementa la precariedad habitacional al destinar cada vez más viviendas al turismo de forma irregular en lugar de a quienes necesitan un hogar estable. “Hay que garantizar un turismo sostenible que no perjudique la convivencia de los granadinos y granadinas” ha recalcado Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial y Diputada de Izquierda Unida.

A esta situación se suma la decisión del Ayuntamiento de Granada de permitir que los bajos comerciales se reconviertan en viviendas. Para Izquierda Unida, esta medida no garantiza en absoluto que se trate de hogares dignos, sino que abre la puerta a la especulación. “No es lo mismo que una familia venda o alquile su vivienda a que empresarios compren locales para transformarlos en pisos diminutos, alimentando una burbuja que dispara aún más los precios del alquiler”, han señalado desde la organización.

IU cuestiona además la eficacia del anuncio municipal de prohibir que estas nuevas viviendas se destinen a uso turístico. “¿Cuántos inspectores ha designado el Ayuntamiento para controlar que esta normativa se cumpla? ¿Cuánto personal nuevo se ha contratado para que no dependa todo de denuncias vecinales?”, se preguntan. La formación advierte de que, sin recursos de inspección suficientes, la normativa corre el riesgo de quedar en papel mojado.

Otro de los problemas detectados por IU es que estas adaptaciones de locales suelen implicar alteraciones en las fachadas de los edificios, realizadas en muchos casos sin la autorización de las comunidades de vecinos, que se ven obligadas a soportar el trasiego de personas de paso que no contribuyen al buen mantenimiento de los barrios ni se preocupan en respetar la convivencia vecinal.

Por si fuera poco, la Junta de Andalucía ha anunciado que no respetará la directriz estatal que obliga a retirar de las plataformas digitales los anuncios de más de mil viviendas turísticas en Granada que carecen de registro, ya que seguirán registradas en el censo autonómico. Para Izquierda Unida, esta decisión supone una grave irresponsabilidad que demuestra, una vez más, la connivencia del PP de la Junta con los intereses especulativos.

“Izquierda Unida defiende que la vivienda es un derecho y no un negocio. Mientras el Gobierno central dicta medidas en defensa del interés general, la Junta y el Ayuntamiento de Granada miran hacia otro lado y permiten que se sigan vulnerando los derechos de miles de familias trabajadoras”, han concluido desde la organización.