Maíllo pide información sobre la denuncia planteada por Elena Cortés ante el escaso ritmo inversor del Ejecutivo central

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha vuelto a reclamar en Algeciras el cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos presupuestarios para lograr hacer realidad la vía férrea Algeciras-Bobadilla y ha anunciado la presentación de “una iniciativa parlamentaria en la que hemos preguntado al consejero, sin más dilación, qué ha sido de la deuda que planteábamos cuando estábamos en el Gobierno, desde la Consejería de Fomento y Vivienda, sobre la tardanza y la falta de consignación presupuestaria para el trazado de la línea férrea Algeciras-Bobadilla”. Maíllo ha calificado este proyecto de “fundamental para un corredor que enlace el puerto vía ferroviaria con el resto de Europa” y ha señalado que “con las previsiones que planteaba el PP, simple y llanamente no se cumple con el compromiso”.

Acompañado por la parlamentaria de IU por Cádiz, Inmaculada Nieto, Maíllo afirma no tener constancia de que el Gobierno haya contestado a la Consejería de Fomento y Vivienda a la denuncia planteada por la entonces consejera Elena Cortés, “no hemos tenido respuesta, si es que la ha dado el Gobierno central”, apuntó, tras aludir a los “reiterativas incumplimientos del PP en el Campo de Gibraltar, con respecto a una obra que es fundamental para el desarrollo del puerto, para que sea de manera incuestionable puerto número uno de España y para que tenga una garantía en el tiempo de potencialidad y aumento de su carga de trabajo”. Cabe recordar que la Consejería de Fomento y Vivienda, bajo gestión de IU, presentó el pasado 26 de enero una denuncia ante la Comisión Europea por los incumplimientos del Gobierno de España y el bajo ritmo inversor en la Algeciras-Bobadilla, ritmo que alejaban la posibilidad de cumplir con el mandato europeo para el desarrollo de los corredores europeos y que estipulaban el inicio de obras antes de 2015 y la finalización en 2020.

El coordinador general calificó la atención al Campo de Gibraltar como una “prioridad”, como “zona de gran potencial industrial que IU está dispuesta a defender en todas las instituciones, desde la movilización y hacer aportaciones de lo que debe ser un desarrollo sostenible en el tiempo y con garantía para los trabajadores”. Aludió a la potencialidad del puerto de Algeciras, pero también a la de “aquellas empresas que han requerido del esfuerzo extraordinario de sus trabajadores para levantar las mismas”,  por lo que defendió una mejora de las condiciones laborales, al considerar que “eso también es una inversión”.

En su jornada en Algeciras, Maíllo mantuvo un encuentro con el comité de empresa de los Servicios Auxiliares Marítimos de Algeciras, inmersos en un conflicto relativo al convenio que se les aplica actualmente y al déficit en las condiciones de seguridad. Posteriormente, el coordinador general se trasladó a La Línea, donde ha mantenido sendos encuentros con el Grupo Transfronterizo y con Ascteg (Asociación Socio Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar). Previamente a los encuentros, el portavoz parlamentario de IU apuntó que “venimos a escuchar para tomar iniciativas no solo en el Parlamento, sino sobre todo en el Congreso de los Diputados, porque se tiene que abrir un debate alejado de los prejuicios y más cercano a  la realidad de lo que es una fuente de creación de empleo objetivo, como son los 7.000 trabajadores que todos los días cruzan al Peñón y que tienen que ser cuidados por su Gobierno”.

Desahucios

Maíllo aprovechó la convocatoria pública para lamentar el cambio de postura  de la Junta respecto a las medidas de apoyo a familias en situación de desahucio; “nos ha llamado la atención que el consejero, después de que dijo en agosto que iba a dar una consignación de millón y medio de euros para ayudar a las familias que se veían desahuciadas de sus viviendas, ahora habla de 500.000”. Para Maíllo, “eso es un fraude político, jugar con el sufrimiento de las familias, jugar con promesas que no se cumplen y hacer trucos presupuestarios para diluirlos en tres años en lugar de en uno, con los problemas de desahucios que tenemos es un auténtico fraude político, por lo que pedimos que rectifique y asuma que no pueden ser 500.000, una cantidad ridícula para atender las necesidades”.