La formación ha reivindicado el esfuerzo de los vecinos y ayuntamientos que, hasta ahora, han tenido que pagar cánones abusivos y sanciones que no les correspondían por los problemas de la depuración de aguas residuales.

La diputada y coordinadora provincial de IU Granada, Mari Carmen Pérez, ha apoyado las resoluciones presentadas por Diputación de Granada para paliar los problemas que evidenciaban el estado de los servicios urbanos del agua en la provincia. Según el estudio de la institución, los fondos para hacer frente a las necesidades de depuración en la provincia ascienden a un monto de hasta 142 millones de euros, que serían invertidos en una serie de parámetros.

De este modo, la diputada de izquierdas, ha confiado en el programa presentado y en la inversión que, aunque considera insuficiente, ha remarcado que “puede ser ampliable para solucionar cuestiones especialmente preocupantes como las fugas de agua o los fraudes”.

Los resultados arrojados por el informe han señalado una falta generalizada de datos por falta de contadores domiciliarios y un bajo rendimiento de las redes de abastecimiento. Además, Pérez ha subrayado que solo el 10% de los municipios tienen concesión de agua para el abastecimiento, “por lo que dificulta la aprobación de PGOUs por parte de la Junta de Andalucía”.

Así las cosas, la diputada granadina ha señalado que el programa presentado por Diputación, “afrenta la gran carencia de infraestructuras de aguas residuales, CEDAR, y apoya a nuestros ayuntamientos a combatir los problemas con nuestro principal recurso, el agua, que ahora más que nunca se evidencia su necesidad, por lo que tenemos que reforzar las políticas y proyectos que incidan en su protección”.

Pérez no ha olvidado mencionar que, a pesar de que la Junta de Andalucía tiene la competencia exclusiva para gestionar las inversiones destinadas a la depuración de aguas, “nos encontramos con sanciones y multas a ayuntamientos por no cumplir la legislación andaluza y europea, cuando no son competentes”.

La diputada ha afeado que sean las vecinas y vecinos y las entidades locales las que hacen frente a cánones y sanciones por una depuración de aguas “inexistente”, “encontrándonos además con un Gobierno andaluz que no destina fondos para solucionar los problemas”.