La formación de izquierdas ha elevado a Diputación y resto de administraciones una moción para que se devuelvan todas las sanciones y recargos cobrados a los emigrantes retornados, cifra que asciende a siete millones de euros.

Izquierda Unida Granada ha elevado a Diputación una moción elaborada en colaboración con la Federación Andaluza y Provincial de Emigrantes Retornados para conseguir que el Gobierno de Coalición progresista elabore “una regularización justa de las pensiones de los emigrantes retornados de la provincia”.

Junto a la presidenta de la Asociación Granadina de Emigrantes Retornados (AGER), María José Hueltes, la diputada y coordinadora provincial, Mari Carmen Pérez, han incidido en la “necesidad de establecer una tributación equitativa para aquellos emigrantes que tuvieron que emigrar en la década de los 50 y 70, ya que desde 2013 hacen frente a unas obligaciones financieras aberrantes a raíz de las pensiones recibidas en el extranjero, con sanciones que ascienden a siete millones de euros”.

Según ha explicado Hueltes, las movilizaciones y manifestaciones “no han conseguido paralizar el convenio de 2013 entre Alemania y España”. El acuerdo entre los países supone un “sistema de doble tributación”, ya que, según ha detallado, “las pensiones alemanas de los emigrantes retornados tienen que tributar un 5% en el país europeo, aunque ya lo habían hecho en España”.

Este sistema de doble imposición, ilustra “una posición de desventaja para los 220 mil emigrantes retornados que hay en Andalucía, de los cuales más del 80% pertenecen a Granada”, ha añadido Pérez, que ha denunciado que “no es justo que tenga que pagar más el español que tuvo que emigrar para buscarse un futuro mejor”.

La diputada granadina ha resaltado la importancia de este colectivo en la región, que “requiere de la protección de las administraciones siendo necesario que desde Diputación se tengan en cuenta todas sus demandas”. Así, desde la formación de izquierdas elevarán a Diputación y al Parlamento de Andalucía un conjunto de propuestas ficales para conseguir “establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero que permita la aplicación directa de la fiscalidad que corresponda, sin necesidad de regularizaciones posteriores”.

Además, como puntos principales de la moción, Pérez ha resaltado que “como cualquier contribuyente, el pensionista emigrante retornado debe recibir su borrador de la declaración de Hacienda con todos los ingresos a declarar, además de establecer una homologación de las pensiones públicas del extranjero para que se pueda aplicar la exención directamente en la declaración del IRPF”.

La máxima dirigente de IU en la provincia, ha agradecido el trabajo y apoyo de los emigrantes retornados “tanto desde la asociación como desde la Federación Andaluza de Emigrante Retornados, que desarrollan una gran labor y un trabajo con el colectivo siendo la mayoría personal voluntario”. Además, ha apostillado que “ya es hora de que la aplicación de la ley de doble tributación se convierta en papel mojado por la corrección del actual Gobierno de Coalición Progresista que existe en España”.

Por último, ha explicado que la pandemia ha traído a colación la “necesidad de proteger a nuestros mayores y pensionistas, ya que en plena crisis sanitaria hemos visto como este colectivo se hacía cargo de los gastos extraordinarios de las familias que se han quedado en paro; es momento de que el Gobierno tome las riendas de este asunto y modifique la Ley Tributaria para hacer justicia”.