La incorporación de este servicio no supondría una mayor carga económica para las arcas municipales, ya que su financiación está suficientemente garantizada a través de aportaciones de la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía y por las aportaciones de las personas destinatarias, ha señalado Jose Llorente, concejal de la formación.

Según el edil de IU-Equo, la gestión del servicio a través de empresas externas no ha resultado en absoluto satisfactoria. No han aportado mejoras en su prestación, en su calidad ni menores costes económicos ocasionando. Al contrario, ha ocasionado diversos problemas e inconvenientes, fundamentalmente, en lo relacionado con las condiciones laborales de los trabajadores y con el pago de sus salarios.

A ello se une que la empresa que gestiona el servicio ha entrado en concurso de acreedores por impagos a la seguridad social, motivo por el que el Ayuntamiento ha tenido que adelantar determinadas cantidades para asegurar el pago de los salarios a los trabajadores y trabajadoras.

El contrato está actualmente prorrogado y pendiente de un nuevo proceso de adjudicación, por lo que entendemos que este es el momento adecuado para dar el paso de la municipalización del servicio, ha afirmado Llorente.

La gestión de la ayuda a domicilio es competencia directa de los ayuntamientos, ya que forma parte de los servicios sociales comunitarios. Son los ayuntamientos los que lo organizan y lo gestionan directa o indirectamente, por lo que es una decisión que puede adoptar el pleno de la Corporación en cumplimiento de sus atribuciones.

El concejal de IU-Equo ha retirado el compromiso de su Grupo con la gestión pública de los servicios municipales. Somos abiertamente partidarios y defensores de la gestión pública de los servicios municipales, en cualquier momento, no sólo en momentos como el actual. 

Defendemos la gestión pública de los servicios porque entendemos que de este modo se garantiza una mayor calidad y eficacia de su prestación, además de asegurar unas adecuadas condiciones laborales de sus trabajadores y de sus trabajadoras.

Los recursos públicos deben ser objeto de una gestión pública, que se oriente exclusivamente al interés general. Se puede admitir que se pretenda convertir en un negocio privado la gestión de los servicios públicos, ya sean estos la educación, la sanidad, los cuidados o la limpieza.

El coste anual del Servicio de Ayuda a Domicilio ronda el millón de euros actualmente y alcanza a 250 personas usuarias. Actualmente son 120 los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio a través de una empresa externa