IU Granada ha exigido a Diputación Provincial que “haga todo lo posible” para solucionar los problemas de los trabajadores de la institución ligados a la temporalidad ante la ausencia de plazas de concurso oposición. Según han advertido desde la formación, “hay que dar oportunidad a la adquisición de plazas mediante oposiciones libres, pero también valorar y reivindicar la experiencia de las trabajadoras y trabajadores”.

Tras un encuentro con integrantes de ATRADIGRA (Asociación de Trabajadores de Diputación de Granada) han anunciado que elevarán las reivindicaciones al Congreso para conseguir plasmarlas en el Proyecto de Ley y recoger así soluciones que no perjudiquen a la situación de los trabajadores temporales en fraude de ley.

Asimismo, la diputada y coordinadora provincial de IU Granada, Mari Carmen Pérez, ha matizado que, aunque las administraciones locales no tienen instrumentos suficientes para la solventar la situación a través de convocatorias de plazas u oposiciones, “no podemos consentir que los datos reflejen una situación tan alarmante ligada a la temporalidad dentro de la ley sobrepasando las cifras estatales, por lo que Diputación debe actuar y establecer convocatorias para la institución”.

Pérez ha explicado que el Real Decreto recoge que hay que normalizar la situación de los trabajadores que tienen contrato antes del 31 de diciembre de 2017, con más de tres años en la misma plaza, a lo que ha añadido que “la situación en Diputación es insoportable, ya que según el abuso de temporalidad se extiende hasta un 50% frente al 8% estatal”.

Respecto a la situación en Diputación, la diputada provincial ha subrayado que de los 1.400 trabajadores que conforman la plantilla, 700 son temporales y 400 aproximadamente se encuentran en situación de fraude de ley con más de tres años prestando el servicio de manera continuada. “Las trabajadoras y trabajadores no deben pagar los abusos de las administraciones, no podemos criminalizar a los que se encuentran en fraude de ley”.

Por último, Pérez ha exigido “medidas urgentes” a través de procesos ciertos y justos que estabilicen la situación de las trabajadoras y trabajadores “que han dedicado su trayectoria profesional a seguir enriqueciendo su formación en el desempeño de sus puestos de trabajo”. Así, ha propuesto que los mecanismos que se diseñen para conseguir la estabilización de los empleos deben recoger “los agravios por formación, esfuerzo y desempeño”.