La diputada y coordinadora provincial, Mari Carmen Pérez, ha alertado de la situación que atraviesa Granada ante la inminente entrada en la fase 1 de la desescalada y la negativa del Ejecutivo andaluz de poner a disposición de los entes públicos los test necesarios, “puesto que, a muchos empleados y empleadas públicos de los consistorios, por ejemplo, no se les ha realizado las pruebas PCR o test rápidos de Covid-19 suponiendo esto un peligro para la seguridad y la protección sanitaria de todos los vecinos y las vecinas de Granada, y una merma en la continuidad y desarrollo de las fases de desescalada, ya que las administraciones públicas han de garantizar la seguridad de sus trabajadores”.

Ante las informaciones que recogen que la Junta de Andalucía dispone de más de 700.000 test entre los propios de la administración y los recibidos por el Gobierno, la coordinadora ha subrayado que “apenas han usado más de 200.000 pruebas atendiendo los últimos datos que el Ministerio de Sanidad indicó el pasado fin de semana que especificaban que la Junta ha realizado 100.000 pruebas PCR y 119.466 test rápidos, además de no ponerlos a disposición de las administraciones públicas”, ha matizado Pérez. Por ello, ha resaltado que “es necesario que se agilicen los trámites y se movilicen los recursos necesarios para que los ayuntamientos y empleados públicos dispongan de este material”. Además, ha rescatado que “según manifestaba el ejecutivo andaluz de Moreno Bonilla, la no realización de test rápidos era por falta de material o no entrega a las comunidades por parte del Gobierno central, pues bien, los datos demuestran lo contrario”.

Por otro lado, la coordinadora provincial no ha querido pasar por alto los fondos con los que se está apoyando económicamente a los pueblos de la provincia, a través de las partidas que el Gobierno central ha destinado y que la Junta ha movilizado, “ante ello instamos al Ejecutivo andaluz a que arrime el hombro y duplique esos fondos económicos tan necesarios para nuestros pueblos, es inconcebible que teniendo la liquidez suficiente no destine ni diseñe partidas propias de su bolsillo para así impulsar la protección de puestos de trabajo y garantizar que todos y todas dispongamos de recursos suficientes para hacer frente a esta terrible crisis sanitaria”.

Así, ha instado al ejecutivo andaluz a que incremente el Fondo Social Económico que el gobierno central ha destinado a la provincia, y que, en total, asciende a 30 millones para Andalucía y a más de 3 millones para Granada. En referencia a la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno liderado por Moreno Bonilla, la diputada y coordinadora provincial, Mari Carmen Pérez, ha exigido que “es necesario aclarar que el ejecutivo andaluz no ha hecho más que alardear de una cuantía económica destinada a la provincia que proviene del gobierno central, ni ha incrementado esa cifra, ni se ha comprometido con nuestros pueblos, solo se encarga de gestionar un Fondo que proviene del central”. Según ha insistido Pérez, “ya es hora de que los recursos que necesitan los Servicios Sociales cuenten con el apoyo de nuestro gobierno, por ello solicitamos duplicarlos para Granada, ya que tienen capacidad para hacerlo”.