IU apoya la huelga de la plantilla de Cetursa

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Izquierda Unida ha reivindicado las jornadas de huelga convocadas por la plantilla de trabajadores de Cetursa para Semana Santa. Según han reiterado desde la formación de izquierdas, se trata de una situación que no llega “a buen puerto” debido a la continua desprotección de las trabajadoras y trabajadores del ente público que se les ha aplicado el ERTE desde el pasado febrero.

Desde la formación han manifestado el “quebrantamiento continuo e incumplimiento sistemático” del convenio de aplicación al que se enfrenta la plantilla, “ya que la aplicación unilateral del ERTE por parte de la empresa, evidencia la poca o nula efectividad que manifiesta el Gobierno andaluz a la hora de proteger los derechos de los trabajadores públicos”.

Además, han recordado las externalizaciones a las que se enfrenta la empresa y el incumplimiento de los acuerdos con la dirección de la empresa SERCLA. Por su parte, la diputada y coordinadora provincial, Mari Carmen Pérez, ha afeado a la Junta de Andalucía el “continuo despropósito con los empleados públicos” además de exigir que se revoque la decisión del ERTE.

“Debemos proteger a todos los trabajadores tanto fijos como fijos discontinuos y eventuales del mismo modo que al resto del personal laboral y no utilizarlos como arma arrojadiza”, ha subrayado Pérez, a lo que ha añadido que “los trabajadores no deben utilizarse como clichés territoriales para hacer consignas en el Parlamento”. La coordinadora provincial ha recordado cómo Vanessa García, actual diputada por Granada del PP Andaluz, “cuando estaba en oposición aclamaba por la protección de los trabajadores de Cetursa y ahora hace oídos sordos a las reivindicaciones de los mismos”.

El parlamentario de IU, Chus Fernández, ha tachado de “incomprensible” que una administración pública lleve a la plantilla de Cetursa al ERTE. Además, se ha preguntado cómo el gobierno de Moreno Bonilla tiene la “osadía” de pedir responsabilidad a la población “siendo ellos los primeros irresponsables”. Para Fernández este episodio es “tan solo una muestra más del afán privatizador del Gobierno andaluz de derechas”.

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