El pasado 19 de noviembre se hizo pública la sentencia de la primera pieza del llamado “Caso de los ERES”. En ella se condena uno de los episodios más vergonzantes del gobierno del PSOE en Andalucía. Aún pendiente de recurso al Tribunal Supremo, esta condena censura una forma de gestión opaca y fraudulenta del dinero de todos los andaluces y andaluzas. Un manejo corrupto del dinero público que llegó a conceder ayudas a empresas inexistentes o sin actividad, pagar bonificaciones a conseguidores y facilitadores sin justificación alguna. El gobierno de la Junta de Andalucía camufló dentro de las ayudas a los trabajadores despedidos el mantenimiento de su red clientelar.

Entre los años 2001 y 2010 se dio en Andalucía una dinámica de cierre de centros industriales y minas en nuestra tierra, esto era la continuación de la política de desindustrialización que se venía desarrollando en España desde 1983.  Esto fue contestado desde el movimiento obrero organizado: las movilizaciones de los trabajadores de la Santana Motor en Linares, los encierros en las minas de la Cuenca Minera de Ríotinto o los cortes del puente de Carranza en Cádiz constituyen memoria viva de la lucha de las mujeres y hombres trabajadores de Andalucía.

1. Por esto queremos distinguir claramente las responsabilidades políticas y penales de las actuaciones del gobierno de la Junta de Andalucía durante los años 2001 y 2010 del cuestionamiento de la legalidad de las ayudas socio-laborales concedidas a los trabajadores de las empresas afectadas (reconocidas en el Artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores). 

2. La presencia de “intrusos” en las listas de prejubilados debe conducir a la responsabilidad penal de quienes lo autorizaron, pero en modo alguno podemos permitir que se cuestione o criminalice a la inmensa mayoría de los trabajadores perceptores de dichas prejubilaciones. Estos más de 6000 trabajadores fueron las víctimas del cierre de las empresas. Confrontaron contra el cierre de las empresas, sabiendo que no defendían solo sus puestos de trabajo sino el futuro inmediato de sus municipios y comarcas. La actualidad les ha dado la razón, Cádiz, Linares o Nerva (entre otros) son municipios con tasas altísimas de paro estructural. Sin estas ayudas la situación de estos pueblos y comarcas sería hoy aún peor.

3. En el Parlamento de Andalucía se desarrolló durante el año 2012 una comisión de investigación presidida por IULV-CA. Las conclusiones de dicha comisión de investigación que señalaban las responsabilidades políticas en este proceso fueron rechazadas con los votos del PSOE y del PP. Resulta por tanto cínica y desvergonzada la posición del PP, cuando fueron ellos mismos los que evitaron la aprobación de las conclusiones del Parlamento de Andalucía. Exigir que estos trabajadores devuelvan las prejubilaciones es un ataque a los trabajadores que no vamos a tolerar.

4. Denunciamos la impunidad de toda la trama empresarial de los EREs que no solo no es juzgada, sino ni siquiera señalada o mencionada públicamente. Mientras, el poder económico utiliza este caso como una excusa más para señalar y criminalizar al movimiento sindical organizado, precisamente en las puertas de una crisis económica cuando es más necesaria que nunca la herramienta sindical.