Almuñécar tiene un problema. Bueno, tiene varios, como todos los municipios de España: paro estructural, falta de recursos, servicios públicos en manos privadas y deficitarios, algunos políticos sinvergüenzas… y pocas soluciones, dado que muchos de estos problemas trascienden a la capacidad de acción que tienen las administraciones locales y, además, a determinados ámbitos supramunicipales.

Al margen de eso, tenemos algún que otro problema que viene motivado por la privilegiada ubicación de nuestro municipio y un clima que, estoy convencido, es la envidia de cualquier persona que haya visitado nuestra maravillosa ciudad. Esta situación, que en principio puede parecer todo lo contrario a un problema, ha supuesto que promotores y sus aliados políticos, que no tienen otro interés que el de ponerse las botas, la mayoría de veces a costa de lo que es de todos, vieran en nuestro pueblo la posibilidad de conseguir un retiro dorado para ellos y los suyos.

La especulación urbanística ha sido durante años el mayor problema al que nos enfrentamos y, por suerte, es algo que fue erradicado al desbancar de la alcaldía a quien fue su máximo exponente en la costa de Granada. Aunque, también es cierto, es un peligro que siempre vamos a correr si no somos conscientes de que la construcción indiscriminada, y sin tener en cuenta las necesidades de la mayoría de la población, no es más que pan para hoy, hambre para mañana, y lujos para quienes posibilitan y se aprovechan de esta situación.

Dicho esto, quiero ligar el preliminar de mi artículo con el mayor problema al que nos enfrentamos en Almuñécar y La Herradura en estos momentos: la falta de agua para la agricultura.

La agricultura es uno de nuestros sectores productivos que, dicho sea de paso, en tiempo de pandemia ha sido el amparo de cientos de familias en nuestro municipio. ¿Nadie ha pensado qué hubiera pasado si la economía de nuestra ciudad hubiera estado sustentada por el sector servicios, como algunos políticos locales han defendido y defienden, durante la pandemia?

Ahora todo el mundo reivindica infraestructuras y recursos hídricos para nuestra agricultura, pero no es creíble que quien pretendía arrasar las vegas del municipio para poner campos de golf sea quien se erija en el gran defensor de nuestro sector agrícola.

Esto no es algo que yo me invente, está documentado y se plasma en forma de convenios urbanísticos que preveían la aniquilación de las vegas de Río Verde y Río Seco.

Pero es que, además, por si hay alguien que piensa que es algo del pasado y que quien promovió y firmó dichos atentados contra nuestra agricultura ha recapacitado, pueden ustedes ver el programa electoral de quienes han defendido por activa y por pasiva destrozar nuestras vegas, en el que siguen defendiendo dichas infraestructuras y denuncian que “no se hayan podido consolidar por la irresponsable actuación del gobierno del PP, que se ha plegado a la incomprensible obstinación de los responsables políticos de la Junta de Andalucía (PSOE)”.

Convenio urbanístico de Río Verde

Este plano de arriba es el plano del convenio del campo de golf de Río Verde. El plano es bastante claro.

Convenio urbanístico de Río Seco

Esta imagen de arriba es el convenio urbanístico de Río Seco. En el mismo estaba estipulado que la zona que hay en verde, lo que viene siendo la vega, sería un “parque peri urbano ocupando gran parte de la actual vega de Río Seco y constituyendo parte de la cesión de suelo público destinado a parques y jardines”.

Además, en otro punto del convenio afirmaban estar “estudiando junto al Ayuntamiento, la posibilidad de crear un campo de golf en lugar del parque peri urbano citado”.

Esos dos convenios urbanísticos están firmados Juan Carlos Benavides Yanguas, el que fuera alcalde de Almuñécar, mientras se reía de los agricultores.

Igualmente, hay que contar dos campos de golf más que había previstos en otros convenios urbanísticos, que más allá de la destrucción física de las vegas de Río Verde y Río Seco, no sé con qué agua pensaban regar tanto césped. Desde Ecologistas en Acción calculan que “las necesidades de riego de un campo de golf de 18 hoyos medio (40-50 hectáreas) superan los 500.000 m3 anuales (el equivalente al consumo doméstico de más de 8.000 personas)”.

En todo caso, el interés de poner campos de golf no es otro que el de urbanizar las laderas de los mismos, convirtiendo estos en los jardines de urbanizaciones de lujo que ningún/a trabajador/a va a ver ni en pintura, como tampoco va a pisar los campos de golf.

Este, y no otro, es el interés. Y esto, ténganlo claro, no reporta absolutamente nada a los trabajadores y trabajadoras de nuestro municipio. Cuando un municipio se enfoca sólo al turismo, la vida en el mismo se hace cuesta arriba para sus vecinos/as ante la subida de precios de los productos y de los alquileres; sólo tienen ustedes que ir a cualquier municipio costero de Málaga a comprobarlo.

Pero es que el cinismo de esta gente, que defiende una cosa y la contraria sin reírse en nuestra cara, no para aquí.

Como ustedes sabrán, el acuífero de Río Verde corre riesgo de salinizarse ante la sobreexplotación del mismo y la falta de lluvias. Hace años que Izquierda Unida está reivindicando su recarga, como ahora la coalición de IU y Podemos, sin que haya hecho efecto su demanda.

Hasta que el resto de partidos políticos no se han convencido, puesto que anteriormente se opusieron (dos veces), la Junta de Andalucía, autoridad competente en lo que al cuidado y mantenimiento de los acuíferos se refiere, no se ha visto interpelada y se ha visto obligada a autorizar la recarga del mismo.

Una vez que la Junta ha dado permiso, para un hectómetro cúbico, el problema es quién paga la recarga.

Mancomunidad, entidad a la que le compete la infraestructura que traería el agua, y la Junta de Andalucía, llevan meses tira y afloja para ver quién se hace cargo del pago, sin que, curiosamente, Mancomunidad haya puesto un precio al agua que se vertería en el acuífero. Tira y afloja. Tira y afloja.

Y mientras tanto, el que se erige defensor de la agricultura mientras reivindica campos de golf donde se desarrolla la agricultura, junto a su asociación afín, no hacen más que reclamarle al gobierno andaluz que pague la misma, sin reclamarle a la delegada de agricultura de la Mancomunidad, su compañera Rocío Palacios, que regule el precio del agua razonablemente.

Ante esta situación, desde Unidas Podemos presentaron una moción al último Pleno con la que pedían que el Ayuntamiento se hiciera cargo del pago de la recarga, puesto que no se puede demorar más esta situación y sería un gasto más que asequible para la institución local.

Uno de los argumentos de quienes no apoyaron la propuesta, PSOE y Convergencia, es que la recarga es competencia de la Junta de Andalucía. Y eso es cierto. Pero para no llenar esto de ejemplos en los que tanto unos como otros han propuesto cosas para que nuestro ayuntamiento se haga cargo de responsabilidades que son competencia de otras administraciones, voy a irme a uno de los últimos comunicados de Convergencia.

Pues bien, en la nota de prensa mostraban su felicidad porque la Junta de Andalucía se había comprometido a colaborar con el gobierno central en la financiación de las obras de canalización del sistema Béznar-Rules. Es más, se adjudicaban la propuesta asegurando que desde CA reclamaron este extremo hace tres años. La competencia exclusiva es del gobierno central, sin embargo, en Convergencia Andaluza están encantados con que la Junta, administración que estaría exenta del pago de esta infraestructura, cofinancie las obras.

Que alguien defienda una cosa y la contraria, sin que le dé una mijica de fatiga, día sí y día también, es una capacidad que sólo atesoran personajes que no saben lo que es la vergüenza y, menos todavía, lo que es el interés general. Pero tampoco nos vamos a extrañar a estas alturas.

En cualquier caso, creo que todos deberíamos saber diferenciar entre quienes apoyan a los agricultores y quienes utilizan a los agricultores. El pan de muchas familias y nuestro modelo de ciudad está en juego.

Juani Boto