Adelante Andalucía ha solicitado al Gobierno andaluz, a través de una enmienda parcial a los Presupuestos de la Junta de Andalucía, que incorpore a las cuentas de 2021 10 millones de euros para iniciar el “recaste público” del Servicio de Emergencias 112. El portavoz de Adelante en la Comisión de Presidencia, Ismael Sánchez, ha asegurado que se trata de “la mejor opción para garantizar la calidad del servicio, para la calidad del empleo de la plantilla y para la administración, ya que el coste sería incluso menor”. Además, Ismael Sánchez ha mostrado el apoyo de su grupo a las movilizaciones convocadas por la plantilla del 112 durante todo el mes de diciembre, con motivo del incumplimiento sistemático del pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria, Ferrovial.

El portavoz de Adelante en la Comisión de Presidencia ha afeado al Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía que “permanezca impasible ante esta situación”, ya que “aun conociendo la existencia de múltiples denuncias ante la Inspección de Trabajo en los distintos centros de este servicio de emergencias, así como también denuncias a través de la vía judicial, sigue sin intervenir, aunque los pliegos así lo contemplan, para poner una solución sobre la mesa”.

Además, Sánchez ha recordado que existen hasta dos y tres escalas salariales para el personal que realiza el mismo trabajo, existiendo entre ellos por tanto “una diferencia de salario injustificable”. En esta misma línea, el parlamentario de Adelante ha afirmado que entre los incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria se encuentran también los localizables no implantados y los incentivos no repartidos.

En última instancia, Sánchez ha subrayado el oscurantismo del Gobierno andaluz en torno al Servicio de Emergencias 112, ya que a pesar de las distintas solicitudes registradas por su grupo para acceder a la oferta del pliego, el Ejecutivo se niega a facilitar la misma, “impidiendo la labor de control y fiscalización de los grupos de la oposición”. Según Sánchez, “ni nos lo dan a nosotros, ni a las representantes legales de las trabajadoras, por lo que resulta imposible que las personas responsables de velar por el cumplimiento de la oferta puedan hacerlo, ya que desconocen todo lo relativo a las condiciones laborales y económicas de la oferta para todas las plantillas”.