La proliferación de pisos turísticos en El Puerto está conllevando una crisis habitacional imposible de ser ignorada. Proponer medidas para enfrentar este problema que afecta a la ciudad en su conjunto debe ser una obligación para el equipo de gobierno. En un contexto donde encontrar un alquiler asequible se vuelve cada vez más complicado, es vital abrir un debate sobre las consecuencias de esta situación.

La transformación de viviendas en apartamentos turísticos ha tenido un impacto negativo en nuestros barrios y ha contribuido al deterioro del centro histórico. Esta situación ha llevado al cierre de pequeños comercios, a un aumento del ruido y, en general, a una notable reducción de la calidad de vida de los residentes, todo esto unido a la dificultad para crear un proyecto de vida estable en El Puerto.

Desde Izquierda Unida proponemos una medida concreta que contempla ofrecer una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a propietarios que opten por alquileres de larga duración. Incentivar a los propietarios a alquilar a largo plazo, busca facilitar el acceso a la vivienda y permitir que las familias se asienten de manera estable en nuestra ciudad.

Es preocupante que, a pesar de la evidente necesidad de regular esta situación, el Partido Popular, que ostenta una mayoría absoluta en el Ayuntamiento, no haya tomado ni una sola medida real para controlar el crecimiento de los alquileres turísticos. Una vez más vemos como Germán Beardo antepone los intereses económicos de unos pocos al interés general de la ciudadanía portuense. La propuesta de Izquierda Unida no es sólo un planteamiento político, es un llamado a la justicia social. La posibilidad de vivir en nuestra ciudad no debe estar supeditada al turismo de borrachera y a un negocio. 

El reto es claro: necesitamos un compromiso firme para enfrentar esta lacra que nos roba nuestra idiosincrasia y nuestra seña de identidad como ciudad. El futuro de El Puerto depende de decisiones valientes que prioricen el bienestar de nuestras vecinas y vecinos. La defensa del derecho a una vivienda digna y a una ciudad para vivirla es una tarea que no podemos eludir.