Unidas Podemos propone medidas para “una contratación pública que garantice empleo y servicios de calidad”

Ahumada: “Queremos utilizar la contratación pública como herramienta para garantizar que se prestan los servicios con un índice de calidad alto, para lo que es indispensable añadir unas condiciones laborales dignas, además de proteger a nuestras pymes, pequeños comercios y al tejido productivo e industrial andaluz”

El diputado de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) y coordinador provincial de Izquierda Unida Málaga, Guzmán Ahumada, ha registrado una moción ante el Parlamento de Andalucía para reclamar, a través de una batería de acciones y la aprobación de una instrucción autonómica, “una contratación pública responsable que garantice condiciones laborales dignas, proteja a las pymes, los comercios y el sector industrial andaluz y asegure la calidad en la prestación de los servicios públicos que recibe el conjunto de la ciudadanía”.

Ahumada explica que “la contratación pública representa el 17% del PIB de Andalucía y se vehicula a través de contratos que en muchos casos generan precariedad y vulneraciones laborales. No podemos tener a trabajadores y trabajadoras que en última instancia son responsabilidad de las administraciones públicas, en cuanto a que prestan servicios públicos esenciales, en condiciones precarias. En este grupo se engloba al personal de limpieza y mantenimiento de las instalaciones sanitarias, educativas y del resto de edificios afectos a servicios públicos, el personal de los comedores escolares, los servicios de emergencias 112, 061 o Salud Responde, el personal que presta los servicios de ayuda a domicilio, dependencia, atención en residencias públicas, mantenimiento de carreteras o las intérpretes de lengua de signos de la radiotelevisión pública”.

“Queremos utilizar la contratación pública como herramienta para garantizar que se prestan los servicios con un índice de calidad alto, para lo que es indispensable añadir unas condiciones laborales dignas, además de proteger a nuestras pymes, pequeños comercios y al tejido productivo e industrial andaluz. Es preciso que en los pliegos se priorice el producto de cercanía para cuidar a nuestras empresas y al empleo que generan”, anuncia Ahumada.

El diputado de UPporA considera “esencial fijar cláusulas para que las condiciones labores tengan una especial relevancia, por ejemplo, no puede contratarse a empresas que incumplan el convenio del sector y en los casos en los que convivan en un mismo servicio empleados públicos y externalizados ejerciendo el mismo trabajo, no pueden darse condiciones desiguales y es preciso añadir, más allá del precio de referencia, otras variables como el salario y las condiciones, así como cláusulas sociales, ambientales y de garantías contra la temporalidad, junto a los principios irrenunciables de transparencia, control y responsabilidad para evitar abusos e incumplimientos de los contratos que afectan a las plantillas y a la calidad de los servicios que se prestan al conjunto de la ciudadanía”.

“La instrucción que proponemos no afectaría solo a la Junta de Andalucía, también abarcaría al resto de administraciones y programas financiados al menos en un 60% por la comunidad autónoma andaluza, como las Universidades o la Diputaciones”, ahonda Ahumada.

La secretaria de acción sindical y negociación colectiva de CC.OO. Málaga, Trinidad Salcedo, respalda la iniciativa y justifica su necesidad en que “se da la paradoja de que las administraciones públicas se han convertido en las principales generadoras de precariedad y temporalidad laboral, se detectan graves desigualdades internas entre las personas que prestan un mismo servicio”.

“Es fundamental que las empresas que liciten ofrezcan la calidad necesaria, se tienen que cumplir los convenios del sector y todos los derechos básicos de los trabajadores, pero no está ocurriendo. Por ello urge una ley efectiva y un observatorio que controle y esté vigilantes para detectar y combatir los abusos”, demanda Salcedo.