Han reprochado ante el Parlamento que en Andalucía el periodo se alargue hasta dos años señalando entre las causas la insuficiencia de personal necesario en los Centros de Valoración y Orientación (CVO).

Unidas Podemos Granada ha denunciado ante la Comisión de Discapacidad del Parlamento andaluz los tiempos que marca la administración para la resolución de los grados de Discapacidad. Esto es, hasta dos años para su ejecución mientras en País Vasco o Castilla y León se resuelven en cuatro meses. Por ello, han demandado que, tal y como establecen las recomendaciones de buenas prácticas, el periodo sea de menos de seis meses para resolver la demanda, y “en menos de un mes para conceder la primera cita de valoración”.

 Del mismo modo, han exigido al gobierno de Moreno Bonilla el aumento de la contratación del personal necesario para que los Centros de Valoración y Orientación (CVO) y la actualización de las ratios de población demandante en cada una de las provincias.

El diputado de Unidas Podemos por Andalucía (UPpA) en el Parlamento andaluz, Chus Fernández, ha explicado que estos centros se encargan de emitir los informes de adaptación para la realización de exámenes, sobre la aptitud laboral de la persona, certificados de necesidad de vivienda adaptada o certificados de discapacidad, por lo que “es urgente que se dote de más personal a los centros para agilizar los trámites, además de preservar la protección de una plantilla que presta un servicio esencial en nuestra sociedad”.

 Fernández ha afeado al Gobierno andaluz que “desoiga” las recomendaciones de las entidades y no cumpla las directrices normativas “permitiendo que las personas con discapacidad vean mermados sus derechos perjudicando el acceso a la vivienda, empleo o prestaciones económicas”.

Por su parte, la diputada provincial, portavoz de Unidas Podemos y coordinadora de IU Granada, Mari Carmen Pérez, ha advertido que desde IU registrarán mociones en todos los ayuntamientos y Diputación para que todos los grupos de la provincia se posicionen frente a este problema. “Los debates no deben quedar fuera de nuestro territorio, aquí las fuerzas políticas han de posicionarse y mostrar si están de acuerdo con el gobierno de las derechas en el Parlamento y con su postura que hace esperar hasta dos años a las personas con discapacidad para disponer del servicio”.

La diputada granadina ha denunciado algunas de las situaciones a las que se enfrentan las beneficiarias de las prestaciones y que “no podemos consentir que sigan siendo ejemplo de un servicio público”. “Hay personas con discapacidad que se les reconoce el grado uno y que, al pasar dos años, tienen el grado tres, que no se ha valorado, y al conceder las ayudas el informe es obsoleto”.

Desde la formación han insistido en “que la reducción de los tiempos de espera es garantía de que todas las personas puedan vivir dignamente, ya que el reconocimiento de la discapacidad es un mecanismo de protección pública”.