Unidas con Podemos apuesta por “recuperar y reforzar” la “función social” de la vivienda en Marbella

“El ayuntamiento tiene recursos, herramientas y competencias para impulsar la vivienda pública y los alquileres a precios asequibles”

Unidas con Podemos, bloque de unidad progresista conformado por Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde de Marbella y San Pedro mantuvo ayer un encuentro programático con la vivienda como protagonista, donde se analizó la situación actual en Marbella y se desgranaron algunas de las diferentes propuestas que la coalición tiene para reforzar su función social.

La candidata a la alcaldía de Unidas con Podemos, Victoria Morales, explicó que los poderes públicos, entre ellos los ayuntamientos y sus competencia, deben “garantizar el derecho a una vivienda accesible para que cumpla su función social” y que se “han de poner todas las herramientas disponibles del consistorio al servicio de ese fin y blindar las viviendas públicas”.

“Desde Unidas con Podemos apostamos por soluciones realistas a corto, medio y largo plazo que pasan primero por alejar toda sombra de especulación urbanística sobre la gestión municipal”, apuntó Morales, “tenemos un gobierno municipal que no ha sido capaz de desarrollar en 14 años un plan municipal de vivienda que pudiera ir paliando estas situaciones”.

Por su parte, el número dos de la candidatura, Abraham Massri, hizo hincapié en el “autoexilio impuesto a los vecinos y vecinas de Marbella, que se ven obligados a dejar la ciudad ante los altos precios tanto de los alquileres como de compra” y recordó que “Marbella lidera la subida de los precios de la vivienda en España y ante este algoritmo de alta demanda más escasez de oferta no queda otro recurso que la intervención”.

“El ayuntamiento tiene recursos, herramientas y competencias para impulsar la vivienda pública y los alquileres a precios asequibles”, abundó Massri.

La abogada y miembro de Izquierda Unida Federal, Amanda Meyer, describió la situación en al que se encuentra la vivienda “sometida a una tensión entre las políticas de garantía de derechos y las políticas de intereses particulares con la vivienda como bien de mercado”.

Meyer recordó que “el derecho a la vivienda es un derecho que soporta a otros derechos, es una bien de primera necesidad y como tal, los poderes públicos tienen que garantizar que sea accesible, tal y como incluye el artículo 47 de la Constitución”, y apuntó algunas medidas que se pueden llevar a cabo desde los ayuntamientos como la regeneración de vivienda antigua y abandonada, la intervención y regulación de las viviendas turísticas o la creación de una oficina de atención al inquilino.

La situación en Marbella y propuestas sobre vivienda

En Marbella hay registradas 5.983 viviendas turísticas que suman un total de 34.956 plazas y suponen un 7% de las viviendas totales. Este dato contrasta con los 80 establecimientos hoteleros de los que dispone la ciudad y que ofrecen cerca de 16.000 plazas, por lo que las viviendas turísticas suponen ya más del doble de las plazas turísticas que ofrecen los establecimientos hoteleros. A esto hay que sumarle las que no se encuentran registradas y operan de forma ilegal.

El precio de venta en Marbella es de 4.100 euros el metro cuadrado, por tanto, una vivienda de 80 metros cuadrados supondría unos 328.000 euros. El precio del alquiler se sitúa en 15,1 euros el metro cuadrado, una vivienda de 80 metros cuadrados supone una renta de 1.200 euros al mes.

Ante esta situación, Unidas con Podemos plantea las siguientes propuestas.

En relación a la atención a la emergencia residencial, a corto plazo, incrementar los contratos y convenios con entidades del tercer sector para la gestión de viviendas de emergencia, y a largo plazo, ampliar el parque municipal de vivienda contemplando la reserva de viviendas para cubrir cuando se den estas situaciones.

En segundo lugar y tercer lugar, reservar terrenos del Plan General de Ordenación Urbana para vivienda pública y construir vivienda pública destinada al alquiler.

En cuarto lugar, movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler a precios asequible con la articulación de convenios con el sector privado; en quinto lugar, explorar la posibilidad de colaborar con entidades de la economía social y cooperativas en el impulso de viviendas colaborativas en cesión de uso; y en sexto lugar, estudiar la posibilidad que abre al nueva Ley de Vivienda en las promociones de vivienda pública y como se puede dar uso desde lo local.