La semana pasada, mientras la Agencia Estatal de Meteorología emitía alertas por lluvia y viento intenso y las autoridades pedían a la ciudadanía prudencia y que evitara salir a la calle, la plantilla de limpieza y recogida de residuos de El Puerto trabajaba con normalidad. Bajo el temporal, expuestos al riesgo, estos trabajadores y trabajadoras cumplían su jornada como si nada ocurriera. Ya paso en verano, en plena ola de calor y 40º. Esta situación, denunciada por Izquierda Unida, pone de manifiesto un problema que va más allá de un episodio puntual: la ausencia de protocolos claros que protejan a las personas trabajadoras municipales frente a fenómenos meteorológicos extremos.

El cambio climático ha dejado de ser una amenaza lejana. Las olas de calor, las tormentas intensas y otros eventos extremos son cada vez más frecuentes. Sin embargo, en El Puerto cumplir con protocolos eficaces que garanticen la seguridad laboral ante estas situaciones para el personal de las contratas y para el funcionariado parece no ser una prioridad. Mientras tanto, la legislación es clara: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce el derecho a interrumpir la actividad ante riesgos graves e inminentes, y la Inspección de Trabajo ha insistido en la adopción de medidas preventivas inmediatas. No se puede exigir a nadie que trabaje bajo condiciones que pongan en peligro su salud o su vida.

La pregunta es inevitable: ¿por qué se sigue normalizando que determinados colectivos se jueguen su integridad física mientras el resto de la población recibe recomendaciones de quedarse en casa? La respuesta no puede ser la improvisación ni la desidia institucional.

Por ello, Izquierda Unida ha presentado una propuesta a pleno instando al equipo de gobierno a informar sobre las medidas adoptadas durante la pasada alerta naranja y, de manera urgente, a actualizar el protocolo municipal con criterios claros de actuación cuando la AEMET emita avisos naranjas o rojos. El Ayuntamiento tiene la obligación legal y moral de anticiparse, de exigir a las empresas concesionarias que protejan a sus plantillas. La salud de las personas trabajadoras no puede esperar más.