Reclamamos a la Diputación la gestión pública de la atención a las personas dependientes de los pueblos de Málaga

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  • Publicado:
    8 de Mayo de 2025

Morillas: “Por los incumplimientos de la Junta sufrimos 600 días de espera para las resoluciones del grado de dependencia y 33 personas fallecen al día en Andalucía esperando una respuesta. El derecho a los cuidados y a unos servicios públicos de calidad tiene que llegar al mundo rural. Tienen que llegar a tiempo y a todas las personas, vivan donde vivan”

García: “Hay vecinas y vecinos que vienen al ayuntamiento indicándonos que sus mayores llevan esperando durante dos y tres años para que sea resuelta su solicitud de Dependencia. Incluso se han dado bastantes casos de personas mayores que acaban muriendo sin recibir esta asistencia”

Tras mantener un encuentro con el alcalde y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alameda, la coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, denuncia “el colapso en la prestación de la Dependencia derivado de los incumplimientos del gobierno de Juanma Moreno (PP), con más de 600 días de espera para las resoluciones sobre el grado de dependencia, y exige que la Diputación de Málaga, que es quien gestiona la ayuda a domicilio a los municipios menores de 20 000 habitantes, recupere la gestión pública directa del servicio para para garantizar una prestación adecuada y una reducción de los tiempos de espera”.

Morillas tiene claro que “es necesario que se recupere para lo público la ayuda a domicilio, que haya un compromiso de subrogación de las trabajadoras y que se garanticen unas condiciones laborales dignas. Y es necesario que se incremente la red de servicios públicos, incrementando las plazas residenciales. Málaga es la provincia española con menos plazas públicas en residencias de mayores y también es necesario crear una red de centros de día que permita llegar a todos los municipios del medio rural de nuestra provincia”, prioriza Morillas.

Morillas arremete contra la decisión del PP de “poner la atención a la Dependencia en manos privadas, buscan hacer negocio con las vidas de las personas que más lo necesitan, con mayores y dependientes. En Andalucía se superan los 600 días de espera para que se resuelva el grado de atención a la dependencia y más de 200 días para decidir qué tipo de atención, qué tipo de servicio y recurso público, se puede facilitar a esa persona dependiente”.

“El PP concibe los servicios públicos y la atención a las personas mayores y dependientes como un nicho de negocio. No podemos consentir que haya que esperar más de 3 años para que a una persona mayor con enfermedad o a una persona dependiente se le preste la atención que tiene que recibir como un derecho subjetivo. Es absolutamente insostenible, tenemos a miles de personas esperando a que la Junta les dé una respuesta y 33 personas fallecen al día en Andalucía esperando que la Junta de Andalucía les dé una respuesta”, denuncia la coordinadora de IU.

Morillas reivindica “el derecho a los cuidados y unos servicios públicos robustos y de calidad que tengan en cuenta al mundo rural y a las personas mayores que viven en nuestros pueblos. Unos servicios públicos que lleguen a tiempo y lleguen a todas las personas, vivan donde vivan. Esto es también un mecanismo para combatir la despoblación”.

El alcalde de Alameda, José García Orejuela (IU), García Orejuela relata que “hay vecinas y vecinos que vienen al ayuntamiento indicándonos que sus mayores llevan esperando durante dos y tres años para que sea resuelta su solicitud de Dependencia. Incluso se han dado bastantes casos de personas mayores que acaban muriendo sin recibir esta asistencia”.

“Además las valoraciones que son atendidas principalmente son las de grado uno, parece una política indicada desde la Junta de Andalucía para maquillar las estadísticas y decir que hay mayor número de personas recibiendo la atención, pero lo cierto es que quienes tienen mayor necesidad, las del grado dos y grado tres, no la reciben”, denuncia el alcalde de Alameda.

García Orejuela hace “un llamamiento para que se pongan los medios necesarios para que cuando una persona solicita una valoración se cumplan los plazos y reciba una atención adecuada. La calidad de vida de las personas no puede estar en manos de lo privado, tiene que estar en manos de lo público, porque lo público sí trabaja para mejorar eh la vida de todos y todas”.

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